David Castillo, implicado en el asesinato de la ambientalista hondureña, Berta Cáceres, solicitó ante la justicia hondureña, a través de sus apoderados legales, ser beneficiado con la amnistía política aprobada por el Congreso Nacional.

No obstante, la solicitud de amnistía política no sería por el caso del asesinato de Berta Cáceres, crimen por el cual fue declarado culpable, sino por una acusación de fraude y uso de documentos falsos por el caso denominado Fraude sobre el río Gualcarque.

De acuerdo con la defensa de Castillo, su cliente cumple los requisitos para ser beneficiado con el decreto, ya que, según ellos, fue víctima de persecución política por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por haber sido interventor de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) durante el gobierno de Manuel Zelaya Rosales.

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En ese sentido, el apoderado legal del imputado explicó que ya se hizo la solicitud ante el Tribunal de Sentencia que lleva el caso de su cliente y que este deberá analizarla enmarcada en lo que dice el decreto de amnistía.

De igual forma, el profesional del derecho cree que al hacer en análisis del caso el Tribunal de Sentencia dictará el sobreseimiento definitivo para su cliente.

Actualmente, con esa ley se han beneficiado el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, y el exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, ambos eran acusados de delitos de corrupción.

Por su lado, algunos legisladores son del criterio que esa amnistía política debe ser reformada porque beneficia a personas que, según ellos, no son perseguidos políticos.

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