"El no pagar impuestos es en sí un acto de corrupción contra toda la sociedad y hemos decidido combatirlo", fustigó Castro desde Casa de Gobierno en su mensaje de conmemoración al Día del Trabajador.

Cuando se refirió al anteproyecto de la Ley de Justicia Tributaria, cuyo borrador fue aprobado la madrugada del martes en Consejo de Ministros y remitido al Congreso Nacional el miércoles, manifestó que, en contraste con la posición asumida por el sector empresarial, "generará empleos dignos".

"Esta ley (…) combate la corrupción público-privada y representa la nueva generación de empleo digno", declaró.

Seguidamente, declaró que "los regímenes de exoneración existen desde hace 150 años en el país y hoy somos más pobres que nunca".

"La inmensa masa de evidencias nos indican que ese no es el camino para mejorar la competitividad, ni hacer de Honduras un país próspero y con mejor distribución", manifestó.

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La Ley de Justicia Tributaria plantea la eliminación de 16 regímenes de exoneración fiscal, y deja vivos apenas dos: Régimen de Incentivos para el Desarrollo y Régimen de Zonas Francas.

El Gobierno asegura que, entre 2009 y 2022, los regímenes de este tipo representaron privilegios fiscales que ascienden a los L451,415.3 millones, y que solo en el último año las exoneraciones sumaron L57 mil millones, es decir, un 7% del Producto Interno Bruto (PIB).

A pesar de lo anterior, el sector empresarial augura que la eliminación de estos regímenes de exoneración fiscal desalentará la inversión extranjera y nacional y, consecuentemente, provocará la pérdida de unos 500,000 empleos en Honduras.

Sin embargo, declaró Xiomara Castro en su discurso, "los empresarios no se deben ir (del país)".

"No se precipiten, porque nuestro gobierno está creando verdaderos incentivos para la empresa y para la transparencia", cerró.

Aunque la Ley de Justicia Tributaria es ampliamente rechazada por la clase empresarial y los círculos políticos más conservadores, en el Congreso Nacional se instaló una comisión que se encargará de socializar y dictaminar el anteproyecto de decreto.

Su aprobación requerirá de la mayoría calificada en el Legislativo, es decir, 65 votos.

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