El foro televisivo Frente a Frente de este lunes 31 de agosto de 2026 abordó un debate crucial sobre la seguridad nacional y la justicia en Honduras. La discusión coincidió con la comparecencia -esta tarde- del secretario de Seguridad, Gerson Velásquez, ante el Congreso Nacional para rendir cuentas sobre las herramientas legales y operativas otorgadas por el Poder Legislativo.
El programa se centró en desentrañar la contradicción entre la reducción de las tasas de homicidios que reporta el gobierno y el persistente sentimiento de inseguridad y miedo en la vida cotidiana de los ciudadanos.
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Para profundizar en el tema estuvieron invitados la abogada penalista, Ritza Antúnez; Luis Romero, abogado constitucionalista y penalista; Leandro Osorio, comisionado de policía en retiro y exdirector de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC); y el comisionado Wilber Mayes, director de comunicación estratégica de la Policía Nacional.
Rendición de cuentas bajo la lupa de la opinión pública
El Congreso Nacional citó al secretario de Seguridad para que comparezca la tarde de este lunes 31 de agosto y explique el trabajo que está realizando, pero también sobre el por qué la percepción de alza en la criminalidad. El llamado surge tras la aprobación de decretos significativos diseñados para endurecer el castigo penal.
Entre las normativas aprobadas destacan el Decreto 84-2026 contra la extorsión, maras y pandillas, que reformó el Código Penal para calificar a estos grupos como asociaciones terroristas y facilitar la colaboración eficaz. También el Decreto 111-2026 contra el feminicidio, que aumentó las penas de prisión de 30 a 40 años, pudiendo alcanzar hasta los 60 años según la gravedad del caso.
Sin embargo, el Congreso y la sociedad civil cuestionan por qué estas severas reformas no se traducen en una tranquilidad tangible para la población.
Endurecimiento de penas no reduce el crimen
El contraste de opiniones entre los panelistas desnudó que el verdadero problema de la seguridad no radica en la severidad de las penas, sino en la fragilidad institucional para investigar y castigar el delito de forma efectiva.
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Ritza Antúnez sostuvo una postura crítica frente al enfoque punitivo de las reformas legislativas. Para Antúnez, capturar masivamente a personas no equivale a dar resultados reales si el sistema no es capaz de construir casos científicamente sólidos que resistan un juicio.
Denunció que el personal asignado a las agencias de investigación carece de la formación profesional adecuada, contando a menudo con peritos mercantiles que solo cursan capacitaciones de un mes.
Capturar no es necesariamente obtener un resultado ¿por qué? porque puedo capturar pero no tener una investigación sólida y finalmente los casos se le van a caer.
Lamentó que la falta de prevención y la impericia investigativa dejen la mayoría de muertes en una absoluta impunidad.
Por su parte, el constitucionalista Romero coincidió en que los congresistas hondureños han caído en el "populismo penal" al creer que endurecer las penas de prisión resolverá de inmediato el flagelo criminal.
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Para que reduzca la ola de delincuencia y empiece a fortalecerse la seguridad jurídica debemos de apostarle a la investigación y a la prevención, para esto lo que se ocupan son fondos.
Criticó que las reformas promovidas desde el Congreso Nacional no van encaminadas hacia el fortalecimiento de la investigación, tampoco hacia la capacitación de policías ni al uso de herramientas tecnológicas.
Honduras debe atacar la economía de las estructuras criminales
Por otra parte, el exdirector de la DNIC argumentó que la criminalidad organizada es un negocio altamente lucrativo que no se detendrá por la sola amenaza de la prisión.
Su postura es que el Estado debe atacar la economía y las rentas de estas estructuras criminales, las cuales no guardan el dinero en baúles bajo tierra, sino en el sistema bancario formal.
Asimismo, Osorio propuso que el estado de excepción deje de aplicarse de forma generalizada e indiscriminada en todo el territorio nacional, y se focalice con precisión quirúrgica exclusivamente en los 30 municipios identificados como las zonas de mayor producción violenta.
Se puede bajar la edad punible o bajar las penas; sin embargo, si no tenemos una policía investigativa formada para fortalecer la investigación criminal en el país, eso tiene que ser fundamental ( … ) tenemos que fortalecer las acciones en contra de la economía de estas estructuras criminales tenemos que llegar a las rentas criminales como es que estas estructuras criminales y donde las tienen.
¿Qué está haciendo la Policía?
En representación de las fuerzas de seguridad, el comisionado Mayes defendió la legitimidad de la labor policial. Aclaró que la policía no juzga ni sanciona; su rol se limita a capturar y recopilar las pruebas científicas bajo el direccionamiento del Ministerio Público.
Mayes argumentó que la reducción progresiva de la criminalidad es una realidad innegable sustentada por las auditorías del Observatorio de la Violencia. Destacó que de los 298 municipios del país, 101 registran cero incidencias de homicidios y 167 apenas reportan un promedio de hasta ocho muertes violentas, lo que demuestra que la violencia está geográficamente concentrada.
La policía no asegura la baja de incidencia criminal en Honduras, la asegura el observatorio de la violencia que es el órgano que nos fiscaliza a nosotros como Policía Nacional.
El reportaje de Frente a Frente concluyó que la verdadera seguridad no se construye legislando desde las gradas del populismo político, sino invirtiendo en la prevención desde la infancia, la escuela, y dotando a las agencias investigativas de la ciencia forense necesaria para desarmar la impunidad estructural que asfixia a Honduras.
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