El vocero judicial también confirmó que la Fiscalía del Estado ha solicitado al juez natural de la causa que imponga medidas distintas a la detención judicial para Lobo y los demás imputados por la presunta desviación de fondos públicos.

Silva mencionó que las partes procesales han propuesto que los imputados se presenten periódicamente a firmar y que se les prohíba tener visitas, participar en reuniones y comunicarse con personas que laboran en instituciones desde las cuales se presume que se desviaron fondos estatales.

Los demás imputados son el exsecretario de Finanzas, Wilfredo Cerrato, y los exfuncionarios Johny Handal, Lilian Bográn, James Aldana y Roberto Zúñiga, quienes enfrentan acusaciones por fraude y violación de los deberes de los funcionarios.

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Según las investigaciones del Ministerio Público, estas personas trasladaron aproximadamente 290 millones de lempiras desde Casa Presidencial, Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y Secretaría de Finanzas hacia varias organizaciones no gubernamentales ficticias con el objetivo de destinar el dinero a campañas políticas.

Implicación de expresidente Hernández

El caso, presentado por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), también implica al expresidente Juan Orlando Hernández, quien tiene una orden de captura vigente, aunque actualmente está detenido en Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por narcotráfico.

Inicialmente, el caso Pandora fue investigado por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (Ufecic, ahora Uferco) y la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Ufecic y la Maccih acusaron en 2017 a al menos 38 hondureños, entre ellos diputados, funcionarios y particulares, de desviar miles de millones de lempiras para financiar campañas políticas en las elecciones de 2013.

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