La defensa del ingeniero David Castillo, acusado del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, presentó este lunes una ampliación de denuncia contra una perito del Ministerio Público (MP) por presunta manipulación de pruebas en el caso.

Los abogados Juan Carlos Sánchez Cantillano y Ritza Antúnez llegaron a la Fiscalía para presentar una ampliación de denuncia en contra de la perito fiscal, Brenda Barahona, por falsificar documentos

Sánchez Cantillano es del criterio que el "juicio contra su defendido debe declararse nulo", debido a que la perito, según la defensa, "falsificó, editó y borró documentos".

"El juicio es nulo desde que se presenta pruebas que están siendo falsificadas, editadas y están siendo borradas y no se hizo nada desde el sector justicia", dijo el profesional del derecho.

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Seguidamente, el apoderado legal de Castillo, sugirió que el ente acusador del Estado debe culminar las investigaciones y prestar atención cuando se presenten irregularidades en las investigaciones que realiza.

Además, los profesionales del derecho recordaron que ya habían interpuesto una denuncia en contra de la perito en 2019, pero que no tuvo eco en el MP durante la administración de Óscar Chinchilla.

Piden investigar a perito

Sánchez Cantillano reveló que la perito Barahona pertenecía a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), que estaba adscrito al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

"Hemos pedido al Ministerio Público que investigue de donde sale esta perito, quien la nombró, quien solicitó su nombramiento desde la DNII", recalcó.

Agregó que también solicitaron que se investigue la designación del perito en el caso, cuando esta labor la pudieron haber realizado equipos especializados del MP.

"No podemos desconocer que se cometieron una serie de arbitrariedades por parte de la perito, falsificó información; editó, borró y pasó información a correos personales", puntualizó.

Caso Berta Cáceres

Berta Cáceres era coordinadora del Consejo Cívico Popular de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); y fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa, en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de su país.

La ambientalista se oponía a un proyecto hidroeléctrico en su región porque atentaba contra el medioambiente.

En junio, la justicia de Honduras condenó a 22 años y 6 meses de cárcel a Roberto David Castillo por el asesinato de Cáceres.

Castillo, ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), fue condenado en julio de 2021 como "coautor intelectual" del asesinato de la ambientalista de la etnia lenca y el 20 de junio pasado fue condenado a 22 años y 6 meses de prisión.

Según el Ministerio Público, Castillo "concertó la muerte de Cáceres como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA sobre el río Gualcarque, territorio ancestral del pueblo indígena lenca".

En 2019, un tribunal de Honduras condenó a 4 de 8 acusados a 34 años de prisión por el asesinato de Cáceres; y a 16 por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro.

Otros tres fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del crimen; pero según familiares de la ambientalista, todavía no se ha castigado a los autores intelectuales. 

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