El Ministerio Público (MP) presentó este jueves un requerimiento fiscal contra José Alberto Zelaya Guevara y Elmer Antonio Rubí Rivera, por delitos vinculados al uso irregular de recursos públicos, específicamente en perjuicio del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Ambos son señalados por los delitos de fraude, violación a los deberes de los funcionarios y lavado de activos.
Las investigaciones, según informó el MP, corresponden a hechos ocurridos entre 2010 y 2014, cuando Zelaya fungía como subgerente de Compras del IHSS.
Durante ese tiempo, habría favorecido de forma irregular a la empresa Distribuidora de Suministros Médicos (Disumed), propiedad de Elmer Rubí, mediante la adjudicación fragmentada de contratos por insumos médicos.
Fraccionaron compras y violaron la ley
De acuerdo con el expediente presentado por la UNAF, Zelaya habría adjudicado de manera fraccionada cinco compras directas de gasas quirúrgicas, por un total de 893,750 lempiras.
Esta práctica va en contra de la Ley de Contratación del Estado, que prohíbe fraccionar procesos para evadir los controles de licitación pública y transparencia en el uso de fondos estatales.
Disumed, que aparece como beneficiaria de estas compras, era propiedad de Elmer Rubí, quien también es acusado en esta causa.
Según las autoridades, ambos actuaron en complicidad para ejecutar estas operaciones fuera del marco legal.
“Entre 2010 y 2014, el señor José Zelaya fraccionó cinco compras adjudicándolas directamente a Disumed, violando los procedimientos establecidos. Esas compras sumaron casi 900 mil lempiras”, refirió Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, en entrevista para el noticiero Hoy Mismo de TSi.
¿Cómo ejecutaron el fraude?
El caso no se limita al fraude. Según las investigaciones, Rubí también habría recibido fondos ilícitos a través de operaciones financieras ejecutadas por empresas fachada.
Se detalla que usó a su madre como intermediaria para recibir cheques sin justificación legal.
“Se logró verificar que Elmer Rubí recibió dinero mediante la emisión de cheques por parte de compañías sin respaldo legal. El monto asciende a casi 2.5 millones de lempiras”, añadió Mora.
Estos fondos fueron manejados mediante transacciones destinadas a ocultar su origen ilícito, configurando el delito de lavado de activos.
El Ministerio Público considera que la utilización de terceros para canalizar fondos irregulares es una práctica recurrente en esquemas de corrupción y lavado, razón por la cual se emitieron las respectivas órdenes de captura contra ambos involucrados.
¿Se emitieron las órdenes contra los acusados?
La UNAF presentó el requerimiento fiscal con la solicitud expresa de emitir orden de captura contra Zelaya y Rubí, quienes ahora enfrentarán un proceso penal por sus supuestas acciones.
“Sí, se ha presentado el requerimiento fiscal con la respectiva orden de captura”, confirmó Mora al ser consultado sobre si ya existía acción judicial inmediata contra los imputados.
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