La denuncia la presentó el abogado Leonel Núñez bajo la justificación de que Urquía integró la pasada Junta Nominadora de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y la ley de ese ente colegiado le prohíbe aspirar a cargos públicos por los siguientes dos años.

La prohibición para aspirar al puesto de fiscal está contemplada en el artículo 8, numeral 6 y párrafo 2 de la Ley de la Junta Nominadora.

Específicamente, el artículo manifiesta que los miembros titulares y suplentes de la Junta Nominadora de candidatos a magistrados de la CSJ no podrán ocupar cargos administrativos o jurisdiccionales en el Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Ejecutivo en los dos años siguientes a su participación en el ente colegiado.

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“Esperamos que la Junta Proponente (de candidatos a fiscal genera y fiscal adjunto) al momento de revisar interprete la normativa tal y como lo establece, siendo que la elección del fiscal es de segundo grado por parte del Poder Legislativo”, expresó Leonel Núñez en TN5 Estelar de Canal 5.

"Conflicto de intereses"

El abogado pidió que la Junta Proponente admita la denuncia y le de el trámite correspondiente, ya que la participación de Mario Urquía podría originar conflicto de intereses en virtud que fue uno de los evaluadores de los actuales magistrados de la Corte.  

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La Junta Proponente recibirá del 6 al 10 de julio impugnaciones y denuncias sobre los 22 postulantes a fiscal general y adjunto.

A más tardar el 1 de agosto, la Junta Proponente deberá enviar al Congreso Nacional una lista con los cinco candidatos mejor evaluados (al menos dos mujeres) para que los diputados, con un mínimo de 86 votos, elijan al nuevo fiscal general y fiscal general adjunto, quienes asumirán sus funciones el próximo 1 de septiembre para el periodo 2023-2028.

Las nuevas autoridades del Ministerio Público sustituirán a Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián.

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