La posible decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de declarar inconstitucional con efecto retroactivo la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) tendría graves repercusiones para el país, socavando su estabilidad democrática y económica, advirtieron los ejecutivo de la ZEDE Próspera.

Mediante un comunicado, Próspera agregó que un fallo de este tipo también abriría la puerta a una persecución generalizada de los partidos de oposición por el supuesto "delito" de votar a favor de una ley que ha creado más de 8,000 empleos bien remunerados en Honduras y ha atraído más de 300 millones de dólares en inversiones al país.

"La gran mayoría de los juristas hondureños considera que la aplicación retroactiva de cualquier fallo judicial para eliminar empleos e inversiones va en contra del derecho hondureño bien establecido", señaló Próspera.

Asimismo, indicó que "No hay nada que ganar con un fallo así. Una decisión que invalide retroactivamente las inversiones en las ZEDE indudablemente daría pie a reclamos de expropiación y debilitaría las defensas presentadas por el Estado de Honduras en las demandas de arbitraje internacional".

Repercusiones

Además agregó que un fallo que se aparte de décadas de precedentes ininterrumpidos en Honduras no tendría ninguna legitimidad, al recordar que más de 100 inversionistas estadounidenses tienen capital comprometido en estos proyectos.

"Ciudadanos de más de 20 países están haciendo negocios en Próspera y otras ZEDE. A nivel internacional, una decisión de este tipo dañaría gravemente las relaciones con Estados Unidos y muchos otros países, llevando a sanciones que podrían incluir la cancelación de visas, la suspensión de ayudas y hasta la interrupción de remesas", cita el pronunciamiento.

Finalmente, sostuvo que la estabilidad del sistema financiero nacional también estaría en riesgo, ya que varios bancos hondureños tienen préstamos activos vinculados a proyectos en las ZEDE.

"El impacto económico de una decisión retroactiva podría aumentar el perfil de riesgo del país, elevando los costos de financiamiento para Honduras y dificultando el crecimiento económico a largo plazo", puntualizó.

ZEDE en Honduras

En abril de 2022 el Congreso Nacional derogó la Ley ZEDE por unanimidad de votos, se realizó a través de la aprobación de dos decretos: el Decreto N° 32-2022 y el Decreto N° 33-2022.

El primer decreto pretende derogar los artículos de la Constitución que fueron reformados en 2012 para permitir la creación de la Ley ZEDE, sin embargo, por ley constitucional, toda reforma a la Constitución debe ser aprobada en sesiones ordinarias, con dos tercios de los diputados, y ratificada en la subsiguiente legislatura ordinaria por igual número de votos, para que entre en vigencia.

En este caso, el decreto fue aprobado por unanimidad en 2022 y no llegó a ser ratificado antes del fin de la legislatura de 2023.