"La derogación de estos decretos es de vital importancia para salvaguardar las aspiraciones fundamentales de cambio que el pueblo hondureño expresó en las urnas y son pasos firmes para la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH)", indicó el PSH en el escrito.

Según diversos sectores, entre ellos políticos, es urgente que se deroguen los decretos 057 2020, 093-2021 y 116-2019 denominados como "pactos de impunidad"

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El decreto 057-2020 obliga al Ministerio Público a pedir autorización para secuestrar documentación de personas relacionada a casos de corrupción; el 093-2021, que modifica varios delitos, entre ellos el de lavado de activos, y el 116-2019 blinda a diputados y funcionarios de ser acusados por mal manejo de fondos públicos.

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La abolición de estos decretos está entre las recomendaciones que hizo la Organización de Naciones Unidas (ONU) para apoyar a Honduras a instalar una misión anticorrupción que sería la CICIH.

La llegada a Honduras de una comisión anticorrupción, con el apoyo de la ONU, es una de las promesas de campaña de la presidenta del país, Xiomara Castro, lo que ratificó cuando asumió el poder, el 27 de enero de 2022.

Misión de la ONU

En diciembre del año pasado Honduras y la ONU firmaron un Memorándum de Entendimiento, y este lunes una misión de expertos internacionales comenzaron a reunirse con autoridades del país para avanzar en el proceso de la eventual instauración de la CICIH.

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Una misión de expertos enviados por Naciones Unidas se reunieron hoy con miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional, con el canciller, Eduardo Enrique Reina, y los ministros de Finanzas, Rixi Moncada, y el de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Edmundo Orellana.

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Mecanismo anticorrupción

Los delegados llegaron este domingo a Honduras, apoyarán a Honduras a preparar la eventual instalación de "un mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo contra la corrupción y la impunidad", según un comunicado de Naciones Unidas.

Se encargarán también de "evaluar los instrumentos, instituciones y capacidades nacionales existentes para la lucha contra la impunidad y la corrupción y su enjuiciamiento".

Además, contribuirán a actividades de asesoría y asistencia técnica, e identificarán las reformas constitucionales, legales y administrativas necesarias en la legislación hondureña para el posible establecimiento de la CICIH.

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