Miguel Ángel Gámez tenía una contraorden de captura emitida el 12 de diciembre de 2023, para escucharlo en libertad. una situación que dijo el ministro, "no fue notificada a la Policía Nacional".
Gámez optó por entregarse, como lo evidencia el acta que invalida la orden de captura y establece las medidas a cumplir para seguir en libertad.
Este incidente pone de manifiesto la falta de coordinación entre los operadores de justicia, lo que resulta en operaciones en casos en los que el juez ha anulado la orden de captura, dejándola sin valor y efecto.
"Es ilegal", dijo Doris Madrid, apoderada legal del exdiputado, al referirse a la captura anunciada por el ministro y antes de que este aclarara que no fue arrestado. Y agregó: "que lo dejen libre y lo lleven a su vivienda y lo entreguen a sus familiares. Si mi defendido sufre un vejamen, la Policía va a tener que responder", dijo la abogada.
Aseguró que el Poder judicial no fallí, sino que quién falló fue el sistema de Seguridad en el país.
Gámez goza de medidas cautelares, porque de manera voluntaria enfrenta la justicia. Se presentará a la audiencia inicial el 4 de enero de 2024.
Los acusados
La Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), emitió el requerimiento fiscal contra Gamez y otros cuatro exdiputados nacionalistas: Sara Ismela Medina Galo, Gladys Bernarda Casco Cruz, Freddy Espinoza Mondragón y Carlos Roberto Guevara.
Asimismo, se señala a José Rogelio Sánchez García y Geovanny Castellanos Deras, representantes de la ONG denominada Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (Ajopadih), la cual presuntamente habrían utilizado como medio para desviar fondos de las arcas del Congreso Nacional (CN).
Los imputados enfrentan acusaciones por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública en relación con el manejo de 42.5 millones de lempiras a través del Fondo Departamental.
Los exparlamentarios según la investigación, "retiraban los fondos del CN con el supuesto fin de realizar proyectos de desarrollo social y comunitario, obras que nunca se hacían y al final el dinero retornaba a las cuentas privadas de los diputados".|
El caso
Según el MP, el origen y giro de los fondos provino de 82 transferencias desde la Secretaría de Finanzas a una cuenta de banco de la Ajopadih, acreditadas en un periodo de seis meses.
Uno de los imputados registró su firma en las cuentas que eran de la ONG y se autoacreditó L28 millones y a su vez hizo depósitos a 26 cuentas particulares, entre ellos la de Miguel Ángel Gamez.
Por este caso ya comparecieron Sara Medina, Carlos Guevara y Gladys Bernarda Casco, a quienes se les dictaron medidas distintas a la prisión en la audiencia inicial.
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