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La Secretaría de Seguridad anunció un giro en su estrategia para enfrentar la criminalidad en Honduras, apostando por debilitar a las estructuras delictivas desde uno de sus puntos más vulnerables: sus finanzas.
El plan contempla acciones orientadas a reducir la violencia, fortalecer la investigación y combatir de forma directa delitos como la extorsión y el homicidio. Sin embargo, el cambio más significativo radica en la decisión de atacar los recursos económicos de estos grupos.
"Ahora vamos a perseguir sus bienes, sus cuentas y todo lo que tenga que ver con las capacidades logísticas que ellos tienen para hacer más violencia", afirmó el titular de Seguridad, Gerzon Onán Velásquez.
Focalización territorial
El funcionario explicó que la nueva estrategia también incluye una focalización territorial, concentrando los recursos policiales en las zonas con mayor incidencia delictiva.
"No vamos a seguir haciendo operativos para que nos tomen la foto. Vamos a ser más estratégicos en el uso de los recursos", enfatizó.
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En esa misma línea, el director general de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, aseguró que este enfoque ya está generando resultados positivos.
"Esta focalización está rindiendo importantes resultados", sostuvo.
Las autoridades destacaron que el objetivo no es solo capturar a los responsables de delitos, sino desarticular las estructuras desde su base, afectando su capacidad operativa y financiera.
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Reformas al Código Penal
Como parte de esta ofensiva, la Policía Nacional también presentó una propuesta de reforma al Código Penal de Honduras, con el fin de ampliar la tipificación de delitos y fortalecer la responsabilidad penal.
La iniciativa surge ante la transformación de las maras y pandillas, que han evolucionado hacia estructuras con un nivel "corporativo criminal", ejerciendo control territorial y generando violencia sistemática.
Entre las medidas planteadas destacan sanciones más severas para delitos como la extorsión y el feminicidio, la posibilidad de declarar como organizaciones terroristas a estas estructuras, así como la implementación de herramientas como grilletes electrónicos y la regulación de billeteras digitales.
No obstante, tanto autoridades judiciales como expertos en derecho penal han advertido que estas reformas deben manejarse con cautela, a fin de evitar abusos y posibles violaciones a derechos fundamentales.
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