Las investigaciones sobre el drenaje millonario de recursos públicos revelan que el Ministerio Público recibió alertas tempranas sobre la ejecución de embargos judiciales irregulares contra alcaldías de Choluteca y Olancho.

Desde junio de 2025, una jueza de Choluteca interpuso una denuncia formal tras detectar que se utilizaban exhortos, documentos falsificados e inexistentes atribuidos falsamente a su juzgado para sustraer fondos.

A pesar de las denuncias presentadas ante las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y la fiscalía, profesionales del derecho cuestionan la falta de acciones oportunas para frenar la apropiación de recursos estatales.

Afectación millonaria a las arcas presupuestarias

Los expedientes auditados por el Tribunal Superior de Cuentas revelan la sustracción de más de 32 millones de lempiras de la Cuenta Única del Estado en el Banco Central de Honduras.

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Las maniobras legales vulneraron los procedimientos obligatorios ante la Tesorería General, ejecutando pagos mediante la presentación de juicios laborales y demandas con documentación alterada.

Cuestionamientos a la inacción del Ente Perseguidor

Abogados penalistas señalan que la fiscalía incurre en responsabilidad por omisión al no dar curso diligente a las denuncias promovidas por los propios aplicadores de justicia.

Se cuestiona que la institución priorizara otros casos de impacto mediático o político, ignorando las alertas que habrían evitado el perjuicio patrimonial a los municipios.

Nuevos hallazgos y silencio de la Fiscalía

Con la remisión del informe especial del Tribunal Superior de Cuentas, la investigación retorna al ente fiscal, donde analizan si existió confabulación entre apoderados legales y funcionarios.

Ante los señalamientos por la dilación de más de un año en el abordaje del caso, la representación del Ministerio Público no brindó postura oficial sobre las omisiones denunciadas.

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