En 2024, Honduras continuó enfrentando desafíos significativos en materia de derechos humanos. Organizaciones internacionales y activistas locales señalaron que los problemas de corrupción, violencia y desigualdad permanecen arraigados en las estructuras del país.
Aunque el gobierno de Xiomara Castro prometió cambios, los resultados son limitados, dejando un panorama sombrío para miles de ciudadanos que exigen justicia y oportunidades.
Independencia judicial
La creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) es una de las principales promesas de la administración Castro.
Sin embargo, su implementación avanza lentamente. Aunque en septiembre de 2024 se presentó un segundo borrador de acuerdo a Naciones Unidas, el proceso sigue en fase de evaluación.
El sistema judicial, por su parte, enfrenta críticas por su falta de independencia. Leyes que protegen a funcionarios, como la que blinda a diputados contra sanciones, permanecen vigentes, dificultando las investigaciones de corrupción.
El caso del diputado Carlos Zelaya, quien renunció tras admitir vínculos con narcotraficantes, ilustra las tensiones entre la retórica anticorrupción y las acciones concretas.
Defensores de derechos humanos en riesgo
Los ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas no cesaron en 2024. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), cuatro defensores fueron asesinados este año, incluido Juan López, ambientalista de Colón.
El mecanismo nacional de protección, diseñado para garantizar la seguridad de defensores y periodistas, sigue siendo ineficaz.
La falta de recursos, personal capacitado y autonomía lo convierte en una herramienta insuficiente frente a las crecientes amenazas.
Persisten desigualdad y pobreza
Con un 64 % de la población viviendo en pobreza y un 41.5 % en pobreza extrema, Honduras sigue siendo uno de los países más desiguales de América Latina.
Aunque las cifras muestran una ligera mejoría respecto a años anteriores, millones de hondureños enfrentan barreras estructurales que dificultan su acceso a educación, empleo y servicios básicos.
El analfabetismo y la deserción escolar son alarmantes: sólo el 56 % de los niños entre 12 y 14 años asisten a la escuela, y las tasas son aún más bajas en zonas rurales. Estas brechas perpetúan el círculo de exclusión en amplias regiones del país.
Violencia y falta de seguridad pública
Aunque la tasa de homicidios registró una disminución en 2024, Honduras sigue siendo uno de los países más violentos del mundo.
Entre enero y septiembre, se contabilizaron 1,854 homicidios, un descenso del 26 % respecto al mismo periodo de 2023.
Sin embargo, la violencia contra las mujeres continúa siendo alarmante, con la tasa de femicidios más alta de América Latina y el Caribe.
El estado de excepción, prorrogado 15 veces desde 2022, se mantiene vigente como medida contra el crimen organizado.
Sin embargo, expertos advierten que la ausencia de una política integral basada en derechos humanos ha permitido abusos y detenciones arbitrarias.
Migración y desplazamiento interno
La falta de oportunidades, la violencia y el impacto del cambio climático han llevado a miles de hondureños a abandonar sus hogares.
En 2024, más de 216,000 ciudadanos solicitaron asilo en otros países, mientras que el desplazamiento interno afecta a unas 247,000 personas desde 2019.
Una lucha que no puede esperar
Honduras cerró el 2024 con grandes retos en el camino hacia la justicia y la igualdad. Las promesas gubernamentales deben traducirse en acciones concretas que garanticen la independencia judicial, protejan a los más vulnerables y reduzcan las brechas de desigualdad.
El clamor de los ciudadanos es claro: un cambio real e inclusivo que permita al país avanzar hacia un futuro más justo y equitativo ¿Responderá el gobierno a estas demandas? El tiempo será el juez final.
