El próximo 28 de agosto de 2025 a la 1:00 de la tarde, en la sala 11-4 del Tribunal Wilkie D. Ferguson en Miami, la jueza Jacqueline Becerra celebrará una audiencia crucial en el proceso judicial contra Carl Alan Zaglin.
Aunque no se trata aún del juicio en sí, esta sesión preparatoria podría marcar el rumbo del caso, al abordar mociones presentadas por la defensa del empresario estadounidense de 68 años, acusado de corrupción y lavado de dinero en contratos de seguridad pública con el gobierno de Honduras.
Zaglin, propietario de una empresa de Georgia que fabrica uniformes y accesorios para cuerpos de seguridad, enfrenta cargos federales por presuntamente pagar sobornos para asegurar contratos millonarios a través del fideicomiso de la Tasa de Seguridad, también conocido como "Tasón", destinado a fortalecer la seguridad en Honduras.
Los contratos, adjudicados entre 2015 y 2019, habrían alcanzado un valor superior a los 10 millones de dólares.
Una lista de testigos que promete sacudir el estrado
Aunque la audiencia de agosto es meramente técnica, la Fiscalía ya reveló una lista de 17 testigos que comparecerán durante el juicio. Entre ellos figuran actores hondureños clave del engranaje que durante años manejó la Tasa de Seguridad, un fideicomiso multimillonario rodeado de denuncias por corrupción y opacidad.
Uno de los testimonios más esperados será el de Gabriela Salgado, exrepresentante del Poder Ejecutivo en el Comité Técnico de la Tasa y exdirectora de Bienes Nacionales en la Secretaría de Finanzas.
Su participación podría ofrecer detalles internos sobre los mecanismos con los que se autorizaron adquisiciones millonarias bajo este fideicomiso.
También figura Francisco Roberto Cosenza Centeno, expresidente del Comité Técnico del fideicomiso y uno de los principales involucrados. Cosenza fue extraditado a Estados Unidos en julio de 2024 y recientemente admitió haber recibido sobornos en el ejercicio de su cargo.
Su audiencia de sentencia está programada para el 31 de octubre de 2025, a las 10:00 a.m., en la misma sala del tribunal en Miami.
Otro testigo de alto perfil será el hondureño Juan Ramón Molina Rodríguez, quien fungió como coordinador del fideicomiso y representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Molina enfrenta cargos en Honduras por fraude, abuso de autoridad y lavado de activos, vinculados a un contrato adjudicado a la empresa Plasticards S.A. por 480,000 tarjetas PVC, de las cuales solo ingresó poco más de la mitad al país.
El Ministerio Público presumía que Molina se encuentra en Estados Unidos y que está colaborando con las autoridades federales.
Más allá de los funcionarios hondureños
La lista de testigos incluye además a agentes de Homeland Security Investigations (HSI), peritos técnicos, custodios de registros y representantes de American Airlines, quienes testificarán sobre documentación de vuelos y movimientos de personas implicadas en la trama de corrupción.
Tasa de Seguridad, un fideicomiso bajo escrutinio
El fideicomiso de la Tasa de Seguridad fue creado en 2011 como una medida extraordinaria para financiar la lucha contra el crimen en Honduras. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en un canal opaco de manejo de fondos públicos, señalado por favoritismos, falta de fiscalización y contratos dirigidos a proveedores específicos.
Según la acusación del Departamento de Justicia de EE. UU., entre marzo de 2015 y noviembre de 2019, Zaglin y su socio, Aldo Néstor Marchena, presuntamente conspiraron para sobornar a funcionarios hondureños, entre ellos Cosenza, con el objetivo de obtener y asegurar contratos para suministrar uniformes y otros artículos a la Policía Nacional.
Para ocultar el origen de los fondos, los implicados habrían lavado las ganancias mediante empresas pantalla y cuentas bancarias en Estados Unidos y Belice. Parte del dinero —más de 166,000 dólares— habría sido transferido directamente a cuentas controladas por Cosenza y otro funcionario extranjero.
Lo que está en juego para Carl Alan Zaglin
La audiencia del 28 de agosto será clave para definir el alcance del juicio y los argumentos que cada parte podrá utilizar. La defensa de Zaglin buscará bloquear o limitar evidencia, mientras que la fiscalía afina su estrategia para exponer el funcionamiento interno de un fideicomiso que durante años manejó fondos de seguridad como si fueran caja chica.
El verdadero juicio, sin embargo, se librará en el estrado, cuando los testigos como Salgado, Cosenza y Molina enfrenten el interrogatorio.
Más allá del destino judicial de Carl Zaglin, el caso podría sentar un precedente sobre cómo se manejan fondos de seguridad pública, y revelar el rol que empresas extranjeras han jugado en redes de corrupción centroamericanas.
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