El debate sobre la edad punible cobró un nuevo impulso institucional tras plantearse reformas severas contra adolescentes involucrados en maras y pandillas.
La propuesta contempla endurecer las sanciones procesales cuando se vinculen con actos tipificados como terrorismo o criminalidad organizada.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, no descartó recurrir a una consulta popular para definir el futuro del sistema de justicia juvenil.
La iniciativa buscaría recolectar firmas e impulsar un plebiscito donde la ciudadanía decida si los menores deben ser juzgados como adultos.
La discusión ha generado posturas encontradas entre juristas, analistas de defensa y la ciudadanía en general.
Mientras un sector exige un freno categórico a la impunidad, diversos expertos recuerdan los límites legales internacionales en materia de derechos de la niñez.
Viabilidad jurídica y límites de la consulta popular
El jurista kenneth Madrid analizó la viabilidad de utilizar el plebiscito para consultar la reforma legislativa sobre el juzgamiento de adolescentes.
El especialista sostuvo que cualquier modificación requiere de un riguroso examen técnico-jurídico que evalúe las normativas vigentes en la legislación nacional.
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Subrayó además la importancia de revisar los compromisos internacionales asumidos por la nación para proteger los derechos de la niñez.
No obstante, reconoció que un mecanismo de consulta otorgaría un sólido respaldo de legitimidad democrática a la decisión que finalmente adopten las autoridades.
Instrumentalización de menores por el crimen organizado
Por su parte, el experto en seguridad Leandro Osorio advirtió que los grupos delictivos suelen adaptar sus tácticas operativas ante el enduringecimiento de las estrategias estatales.
El especialista señaló que las maras y pandillas han recurrido de forma sistemática a los jóvenes como mano de obra calificada para evadir las condenas de mayor severidad.
En ese sentido, Leandro Osorio planteó la urgencia de incrementar las penas y reforzar la respuesta del Estado contra las estructuras pandilleras.
Destacó que el objetivo central debe focalizarse en neutralizar el reclutamiento forzado de adolescentes y frenar la escalada de violencia en las comunidades.
Reacciones ciudadanas y el dilema de la justicia juvenil
En las calles, las opiniones de la ciudadanía reflejan la profunda división sobre el abordaje de las infracciones cometidas por menores de edad.
Mientras varios pobladores exigen disciplina y rigor estricto ante delitos graves, otros ciudadanos expresan escepticismo sobre la aplicación efectiva de la ley en el país.
El desafío principal para el Congreso Nacional consistirá en balancear las demandas urgentes de seguridad pública con las garantías procesales de los adolescentes.
Las autoridades continúan evaluando las distintas alternativas jurídicas para definir la viabilidad del mecanismo de participación ciudadana.
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