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En ese sentido, los transportistas analizan la posibilidad de ceder o negociar sus unidades con las que prestan el servicio público de pasajeros en el país, con los miembros de estructuras criminales que, a cambio de conservar su vida y la de sus trabajadores, les exigen el denominado pago de "impuesto de guerra".
"Nos sale más barato, de repente, entregarles los buses y que nos den algo a nosotros para vivir, porque ya no podemos hacer más", expresó el empresario del rubro, Jorge Lanza, en Noticieros Hoy Mismo de TSi.
Lanza indicó que el sector atraviesa una situación "sumamente difícil" debido a las acciones de los extorsionadores "que ya se costumbraron a vivir a costillas de los demás".
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"Los extorsionadores surgen cada vez más", dijo por su lado Johnny Ortiz, dirigente del transporte de taxis, quien pide al Gobierno implementar estrategias para atacar ese flagelo, que se le atribuye principalmente a estructuras criminales como la MS-13 y Barrio 18.
Mientras, las autoridades de Seguridad aseguran que le están haciéndole frente a la extorsión y a delitos conexos.
Lo anterior, mediante operaciones diversas que ejecutan en el país en el marco del estado de excepción parcial que inició en diciembre de 2022 y que se ha extendido en tres ocasiones, el último de abril a mayo de 2023.
Transportistas, entre afectados por extorsión
Miembros de estructuras criminales ejecutan atentados que casi siempre terminan con la muerte de conductores y cobradores de buses sea del sector urbano o interurbano y taxis colectivos.
Un atentado reciente, supuestamente vinculado a la extorsión, se registró el viernes 21 de abril en contra de una unidad de transporte interurbano con ruta de la zona oriental hacia la capital Tegucigalpa, Francisco Morazán.
En un vídeo se puede observar el momento en que un hombre disparó contra el autobús cuando este transitaba por la aldea Galeras del municipio de Guinope, El Paraíso en dirección a la capital.
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Según se informó, una persona resultó herida debido a las maniobras que hizo el chófer del bus para esquivar los disparos con arma de fuego.
Al respecto, la Policía Nacional ofreció una recompensa de 200 mil lempiras por información veraz que contribuya a ubicar y capturar a al menos tres personas que estarían involucradas en ese atentado.
La portavoz de la Secretaría de Seguridad, María José Pagoaga, dijo a Noticieros Hoy Mismo que la Policía realiza patrullajes, allanamientos y saturaciones en Güinope y otras zonas del país para dar con los responsables del atentado.
En octubre de 2022, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) indicó que 498 personas vinculadas al sector transporte habían sido asesinadas, de 2018 a 2022, por no pagar la extorsión.
Pago de extorsión
Un informe de 2022 de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) reveló que en Honduras se paga 18 millones de lempiras anuales en extorsión, lo que representa casi el 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y al 15 por ciento de la recaudación fiscal anual.
De acuerdo con la ASJ, anualmente más de 847 mil hondureños son víctimas de extorsión, es decir, el 9 por ciento de los hogares en el país.
En promedio, un afectado por este flagelo paga 87 mil 400 lempiras al crimen organizado cada 12 meses.
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