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En los últimos diez años el Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos permitió desmantelar carteles del narcotráfico al procesar a más de 50 cabecillas, principales operadores y sus socios, incluyendo a oficiales de policía, exdiputados y hasta el expresidente Juan Orlando Hernández.
El Tratado fue firmado en Washington el 15 de enero de 1909 y ratificado en 1912, bajo las administraciones de Theodore Roosevelt en Estados Unidos y Miguel R. Dávila en Honduras.
Fue reformado en 1927 y reactivado en 2012. Lo aplicaron por primera vez en 2014. Este acuerdo entre ambas naciones, fue denunciado en agosto de 2024 por las autoridades de Honduras por lo que le quedan poco más de tres semanas de vigencia.
El Tratado establece las bases para la entrega de individuos acusados o condenados por ciertos delitos.
La orden de la presidenta Castro
El Tratado instruye que cualquiera de las partes puede darlo por terminado, notificando a la otra con seis meses de anticipación. Esto ocurrió el 28 de agosto de 2024 por orden de la presidenta Xiomara Castro por lo que su fin está previsto para el 28 de febrero.
La denuncia se dio después de que la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, cuestionara una visita de altos funcionarios hondureños a Venezuela: el exministro de Defensa José Manuel Zelaya y el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.
Ambos se reunieron con el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, acusado de narcotráfico en Estados Unidos desde 2019. El comentario de Dogu fue calificado como "injerencia".
La decisión de Castro coincidió con la publicación de un video del exdiputado Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Castro. Esta semana el canciller Eduardo Enrique Reina confirmó que la medida se mantiene firme.
Razones para mantener el Tratado
Expertos en criminalidad organizada coinciden en la necesidad de mantener vigente el tratado por su efecto disuasorio para los criminales, que temen más al sistema judicial estadounidense que al hondureño. Además, esta herramienta ha permitido desmantelar importantes organizaciones criminales al remover a sus líderes del territorio hondureño.
Estados Unidos cuenta con mayores recursos y capacidades para investigar casos complejos de crimen organizado transnacional, por lo que se debe aprovechar esas capacidades. Además, en casos donde el sistema judicial hondureño puede estar comprometido por amenazas o corrupción, la extradición ofrece una vía alternativa para procesar a criminales poderosos.
Golpes a los carteles al llevarse a figuras clave
Desde 2014 más de 50 hondureños fueron extraditados a Estados Unidos, lo que permitió la disolución de importantes organizaciones criminales y, en el peor de los casos, obligó a su reestructuración. A continuación se describe algunos de esos personajes clave que fueron presentados ante la justicia estadounidense.
- Carlos Arnoldo Lobo, alias 'El Negro Lobo': era un marino con experiencia, vinculado al tráfico de drogas y al cartel de Sinaloa. Fue el primer hondureño extraditado tras la reforma del artículo 102 de la Constitución.
- Luis Alonso Valle Valle: hermano de Miguel Arnulfo Valle, involucrado en el tráfico de drogas a gran escala. Condenado a 300 meses de prisión en EE.UU.
- Miguel Arnulfo Valle Valle: jefe del cartel Valle Valle, acusado de tráfico de drogas a gran escala hacia EE.UU. Condenado a 23 años de prisión en una cárcel de Virginia.
- José Inocente Valle Valle: miembro de la organización Valle Valle, acusado de tráfico de drogas. Al momento de su captura se le incautaron armas, dinero y propiedades. Fue condenado en EE.UU. a 10 años de prisión por narcotráfico.
- Noé Montes Bobadilla: jefe de uno de los carteles más grandes de Honduras, controlando el área del Caribe hondureño. Condenado a 37 años de prisión en EE.UU.
- Óscar Fernando Santos Tobar (Teto): vinculado con el clan Valle Valle y acusado de fabricar y distribuir cocaína con la intención de importarla a EE.UU.
- Juan Antonio Hernández: exdiputado y hermano del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández. Fue condenado a cadena perpetua más 30 años en marzo de 2021.
- Juan Orlando Hernández: expresidente de Honduras, acusado de conspirar para importar drogas a EE.UU. y uso de armas de fuego en apoyo al tráfico de narcóticos. Condenado a 45 años de reclusión.
- Juan Carlos 'El Tigre' Bonilla: exgeneral de policía conocido como “El Tigre” Bonilla, acusado de tráfico de drogas y uso de armas de fuego en apoyo a la importación de narcóticos a EE.UU.
- Herlinda Bobadilla: miembro del clan Montes Bobadilla, acusada de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Condenada a 20 años de prisión en EE.UU.
- Arnaldo Urbina Soto: exalcalde de Yoro, vinculado a organizaciones criminales y acusado de tráfico de drogas.
- Midence Oquelí Martínez: fue diputado durante dos periodos, entre 2010 y 2018. Supuestamente realizó negocios y apoyó de manera directa al tráfico de drogas con 'Los Cachiros', supuestamente proporcionándoles armas y facilitándoles el Tráfico de sustancias ilegales.
Puntos claves del Tratado
- Principio de Extradición
Ambos países acuerdan entregar a las personas acusadas o condenadas por delitos específicos dentro de sus jurisdicciones, siempre que se cumplan las condiciones del tratado.
- Delitos que aplican para la extradición
En el tratado original se enumeran delitos como asesinato, violación, secuestro, robo, fraude, incendios intencionales, falsificación de documentos y moneda, piratería, entre otros.
En enero de 2012 el Congreso Nacional liderado por Juan Orlando Hernández aprobó una reforma al artículo 102 de la Constitución de la República para permitir la extradición de hondureños.
Esta reforma permitió la extradición de personas vinculadas al narcotráfico, crimen organizado y terrorismo.
- Exclusión de delitos políticos
No se concede la extradición por delitos de carácter político ni por actos relacionados con estos.
- Plazos y Procedimientos
En el tratado se establece que la extradición puede demorarse si el acusado está siendo juzgado en el país de refugio por otro delito. Además, se permite una detención provisional por hasta dos meses mientras se presenta la documentación formal.
Asimismo, indica que los costos de captura, detención y traslado de la persona solicitada deben ser asumidos por el país que solicita la extradición.