Son cinco casos de corrupción los que están archivados porque según dijo Luis Javier Santos, coordinador de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), el Congreso Nacional no derogan algunas leyes.

Los casos archivados son contra diputados y contra un exalcalde. "Son cuatro casos contra diputados y uno contra el exalcalde Nasry 'Tito' Asfura", señaló Santos.

Luis Javier Santos dice que no serán desarchivados mientras no se deroguen decretos y eso significa crear impunidad.

"Si no se deroga el decreto 116 los casos que están sobreseídos van a prescribir y van a quedar en la impunidad”, advirtió.

Además agregó “Cumplimos con pedir a los diputados que se deroguen los decretos 116- 2019, el 56-2020 y el 93-2021.

Con la reforma al Código Penal, los tiempos de prescripción han bajado, todo va a depender de los delitos por los que estén acusados los imputados”, agregó.

El coordinador de la Uferco pide que de manera inmediata se deroguen los decretos antes mencionados.

"Desde que inició el actual Gobierno venimos diciendo que urge la derogación de esos decretos, pero aún no se actúa”.

Sobre elección del fiscal general

Para Luis Javier Santos el postularse o no para ser fiscal general solo puede ser por dos motivos: uno, porque tiene los méritos; y dos, porque vendió su dignidad.

“Si alguien quiere llegar a ser fiscal general tiene que seguir el proceso y ganarse el derecho de estar en el cargo, solo de esa forma puede actuar de manera independiente”, refiere Santos.

Operación Poseidón

Santos dijo que la investigación en contra de exautoridades de la extinta Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), por la construcción del proyecto Corredor del Canal Seco, avanza con limitantes.

"No hay apoyo técnico para la investigación; ahí se necesita un equipo amplio y no tenemos suficiente personal", lamenta.

Son tres líneas de investigación en ese caso: una, tiene que ver con la aprobación de los contratos de adjudicación de la obra a la empresa constructora brasileña Queiroz Galvao, que dejó inconcluso gran parte del proyecto carretero.

La segunda es por el supuesto pago de sobornos por parte de ejecutivos de la empresa Queiroz Galvao a exfuncionarios hondureños.

Y la tercera, determinar cuál fue el destino final de la totalidad de los fondos públicos asignados para la construcción del Corredor del Canal Seco entre Valle y Comayagua.

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