El analista político Olban Valladares manifestó su profunda decepción tras la decisión de la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras de votar a favor de la constitucionalidad del decreto 04-2022, conocido como "pacto de impunidad".

"Me siento muy apenado, porque me siento como que nos equivocamos", dijo el también excandidato presidencial en relación al proceso de selección de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Valladares representó al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) en la Junta Nominadora que envió al Congreso Nacional el listado de 45 candidatos para magistrado de la Corte hondureña para el período 2024-2030.

En ese sentido, dijo que "el procedimiento que se utilizó para la escogencia de los 45 nombres fue muy minucioso, y al pueblo hondureño le consta porque estuvo haciendo un seguimiento muy muy apegado, muy cercano, de cada paso que dimos en la Junta Nominadora para hacer esa elección con base en méritos".

En 2023, cuando se realizó el proceso de selección, las expectativas de la nueva CSJ eran altas porque sería el primer paso para reconstruir el Estado de derecho y el orden democrático en Honduras; no obstante, las últimas decisiones del pleno de magistrados ha dejado mucho que deber al pueblo hondureño, según diversos sectores en el país.

¿Quiénes votaron a favor de la amnistía política?

Previo al fallo de la CSJ en relación al también llamado pacto de impunidad, tanto partidos políticos como organizaciones civiles instaron al pleno a declarar inconstitucional la amnistía política.

Sin embargo, el decreto 04-2022 fue declarado constitucional con el voto de diez magistrados: la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, Mario Díaz, Roy Pineda, Rubenia Galeano, Nelson Mairena, Odalys Nájera, Ricardo Pineda, Felipe Spears, Patricia Martínez y Roxana Morales.

Los cinco magistrados que votaron en contra son Anny Ochoa, Gaudy Bustillo, Walter Sabio, Luis Discua y Marvin Espinal, todos afines al Partido Nacional (PN).

La amnistía política ha sido cuestionada por permitir la impunidad en casos de corrupción.

"Lástima que no pudimos prever lo que iba a pasar", comentó Valladares.

El analista recordó que en el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006) se emitió una ley de amnistía que buscaba amparar ciertos hechos, sobre todo en relación con tomas de tierra.

"Fuimos muy cuidadosos con (Toribio) Aguilera en esa redacción de ese decreto de amnistía porque no queríamos tropezarnos con lo que Honduras había firmado y se había comprometido en la convención de Uruguay y la de República Dominicana", recordó.

Beneficiados

La medida se percibe como un intento de proteger a exfuncionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya, supuestamente vinculados a la corrupción y socavar la lucha por la justicia y la rendición de cuentas.

Hasta la fecha los beneficiados con la amnistía política son: el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, el exgerente de Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri.

Asimismo, el extitular del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), César Arnulfo Salgado y el hermano de la diputada Silvia Ayala, Germán Enrique Ayala, quienes fueron procesados por delitos de corrupción pública y el último por un delito de incendio agravado en perjuicio de Hondutel.

También ha sido beneficiado el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, acusado por varios casos de corrupción.

Con la decisión de la CSJ, el futuro de la justicia en Honduras se presenta incierto.

Aprobación de la Amnistía Política

El decreto legislativo 04-2022, que contiene la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional y para que los Hechos no se Repitan, fue publicada en el diario La Gaceta el 4 de febrero de 2022.

Es de mencionar que el 8 de marzo de 2022 la jueza Karla Romero presentó un recurso de inconstitucionalidad contra ese decreto.