La aprobación de las reformas al subsector eléctrico por parte del Congreso Nacional ha desatado una intensa ola de reacciones en Honduras.
Mientras sectores productivos y políticos ven en la normativa un paso necesario para solventar la crisis energética, la falta de consenso mantiene en vilo al país sobre su verdadera efectividad.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) advirtió que la aprobación de la ley era un requerimiento urgente, pero aclaró que por sí sola no resolverá los males del sistema.
La gremial recordó que la deficiencia del mercado eléctrico le cuesta a la nación alrededor de 15,000 millones de lempiras al año, por lo que condicionó su éxito a la reducción de pérdidas e interrupciones del servicio.
En contraste, la legislación encendió las alarmas en otros sectores de la política nacional que cuestionan el trasfondo de la medida.
Las posturas encontradas reflejan la complejidad de un problema que afecta tanto la economía de los hogares hondureños como la competitividad de las empresas locales.
Oposición califica la ley como retroceso privatizador
El expresidente de Honduras y coordinador general del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, emitió un contundente pronunciamiento en la red social X.
En su mensaje, el líder político criticó duramente los cambios aprobados por el Congreso Nacional, tildándolos como un agravio a la soberanía popular y un movimiento de privatización.
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Zelaya Rosales sostuvo que la nueva normativa representa un retroceso para el patrimonio nacional y no responde a las demandas del pueblo.
Asimismo, el expresidente sentenció de forma tajante que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) "volverá a ser plenamente pública en 2029".
Expectativa empresarial y el reto de la ejecución
En la zona norte del país, empresarios y diversos colectivos recibieron la reforma con expectativa, aunque señalaron que el verdadero desafío comenzará con su aplicación práctica.
Dirigentes del sector privado indicaron que la estatal eléctrica pierde entre un 38% y un 40% de su producción, lo que equivale a casi 50 millones de lempiras diarios.
Los líderes gremiales remarcaron que el Estado debe garantizar controles estrictos para evitar abusos comerciales y acelerar la implementación de la ley.
Para los empresarios, la prioridad absoluta radica en frenar el colapso financiero de la ENEE, abaratar las tarifas y asegurar un suministro eléctrico continuo.
Partido Liberal resalta garantías y congelamiento de tarifas
Por su parte, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras, destacó que la bancada de su partido logró incorporar adendos clave en el texto final.
Entre las modificaciones de mayor impacto resaltó la garantía explícita de no privatizar los activos de la estatal eléctrica.
Además, Contreras subrayó la aprobación de un congelamiento de los costos de energía, asegurando 0 incrementos en los recibos durante 6 meses, extensible a 1 año.
El dirigente concluyó que esta reingeniería salvará el presupuesto de la República y beneficiará de forma directa a la población.
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