Luego de la notificación por parte de la Superintendencia de la Alianza Pública Privada (SAPP), de las causales que pueden derivar si la Empresa Energía Honduras es intervenida, autoridades de la EEH afirman que su futuro es incierto.

"Nosotros no sabemos cual es el alance de esta intervención, es una decisión que no tiene precedentes en el país en este tipo de empresas y tenemos 178 millones de dólares en contratos vigentes", expresó Ricardo Roa, gerente de EEH a HRN.

Y añadió: "Habrá que tener en cuenta todos los elementos del alance de la intervención, si el al contrato, si es a la gestión o al operador".

Según Roa, la intervención podría ser perjudicial para Honduras, ya que habría riesgos con la intervención extranjera, la seguridad jurídica y en el sector operativo.

Interventora de la ENEE en concordancia con la SAPP

Por otro lado, el interventor de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Gabriel Perdomo, destacó este hecho como una defensa a los intereses del estado de Honduras.

"Para nosotros es importantísima estas acciones que ha realizado la SAPP para defender los intereses del estado de Honduras. Como empresa estamos listos para dar fiel cumplimiento a lo establecido en las diferentes cláusulas, expuso Perdomo".

Mientras tanto, la expresidenta del colegio de economistas Liliana Castillo, llamó a ambas partes a resolver el conflicto mediante un diálogo para que "no hayan efectos negativos para la economía".

"Lo más conveniente es que las partes resuelvan esta situación y traten de llegar a un consenso", puntualizó Castillo.

Por su parte, el analista Obed García, detalló en que esta situación denota la ausencia de seguridad jurídica y deterioro del estado de derecho que existe en el país.

Irrespeto a los contratos

"Esto es un claro mensaje de que en el país no existe el respeto a los contratos y los inversionistas que vengan a colocar capital no tienen la certeza de que los acuerdos que lleguen con Honduras se respeten al largo plazo", manifestó García.

Y agregó: "Estos se hicieron de manera fraudulenta y bastante cuestionable, haciendo que sean insostenibles en el tiempo".

Expertos consideran que ante este conflicto, el estado de Honduras es el gran perdedor, ya que probablemente la población pague las consecuencias a través de tarifas más altas o pagando mayor cantidad de impuestos.

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