Las centrales obreras, empresa privada y el gobierno se aprestan a discutir sobre el nuevo salario mínimo de la clase trabajadora de Honduras que entraría en vigor apartir de enero de 2021.
Según el ministro de Trabajo, Olvin Villalobos, la convocatoria ya se hizo de forma oficial a los sectores involucrados para que nombren a sus representantes en la mesa negociadora.
No obstante, dejó claro que se trata de una negociación atípica en la que se debepriorizar la madurez, el compromiso y un diálogo franco y sincero.
“Nos espera un proceso de conversación madura y con esquemas francos y sinceros. En base a eso llegar a puntos coincidentes que permitan encuentros y salir avantes con el tema de negociación”, enfatizó. Al mismo tiempo, el funcionario recordó que, en las negociaciones anteriores, las partes involucradas llegaron a un consenso y en enero anunciaron las conclusiones del acuerdo. Sin embargo, no hay una camisa de fuerza para determinar un nuevo salario mínimo en los últimos días de diciembre. “Se esperaría que pudiésemos tener noticias a finales de este mes, pero dependerá de los procesos de conversación a lo interno de la mesa negociadora”, manifestó.
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“Sería catastrófico”
Acordar un incremento al salario mínimo sería catastrófico, expresa el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy.
“No me quiero adelantar, pero por lógica si se han perdido un millón de empleos, aumentar el salario mínimo sería catastrófico para el país. Eso solo generaría más desempleo”. “Yo sé que en todo el mundo sube el costo de la vida, pero el mayor reto es recuperar ese millón de puestos de trabajo que se han perdido solo en el sector formal. La clase media desapareció de los estratos sociales del país”, agregó.
Por parte de la empresa privada, los representantes de la mesa negociadora serán el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Rafael Medina; Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC); Fernando García, directivo de los industriales; Juan José Cruz, empresario del sector avícola, y Gerardo Guillén.
Medina señaló que primero esperan conocer los datos que presentará el Banco Central de Honduras (BCH) para elaborar su propuesta, pero de antemano dijo que debe prevalecer la recuperación de los empleos que se han perdido tras un año difícil.
“Primero nos llaman para juramentarnos y entonces allí el gobierno nos presenta los datos para empezar la revisión. Sin los datos del mercado laboral es bien complicado hablar de expectativas y darles alguna esperanza a los patronos, ni a los trabajadores.
Estamos esperando esos datos sobre el índice mensual de la actividad económica e inflación, para establecer nuestra posición”, informó Medina.
Aseguró que ambos sectores negociadores tienen la suficiente madurez para buscar recuperación de esos empleos, ya que no se puede hablar de generación.
“Hay derecho al aumento”
El secretario general de la Central General de Trabajadores (CGT), Daniel Durón,dijo que la terna del sector obrero estará conformada por Benjamín Vásquez, Felipe Ramírez y Humberto Larios, como representantes propietarios.
La situación del país está difícil y el trabajador ha perdido poder adquisitivo, dijo Durón. “Honduras vive tiempos difíciles, pero un incremento al salario mínimo es también derecho del trabajador. Nadie puede estar en contra que le aumenten el salario.
Hay empresas que generaron utilidades más que en tiempo normal”. "Hay muchas empresas que no pueden alegar que perdieron durante la pandemia, porque no es cierto. Hasta en línea venden ahora", agregó.
De su lado, Humberto Larios, representante de la clase trabajadora en la mesa negociadora, expresó: “todavía no tenemos un posicionamiento de las centrales obreras. Necesitamos primero conocer los indicadores que nos va a presentar el Banco Central de Honduras (BCH). De allí podríamos tener nuestra propuesta”.
Por ahora, el Banco Central de Honduras registra un índice inflacionario acumulado de 3.39 por ciento partiendo de enero a noviembre de 2020.
La ley demanda que en esta negociación se deben estudiar las condiciones de vida y de trabajo que prevalezcan en el país en las distintas actividades económicas y en relación con: el precio de la vivienda, la vestimenta, alimentos de primera necesidad, la situación financiera de las empresas, condiciones y tendencias de empleo, condiciones de mercado, situación competitiva, productividad, cambios en la estructura de los salarios, horas de trabajo, facilidad que los patronos proporcionen a los trabajadores en lo relativo a habitación, tierra para cultivos y demás circunstancias susceptibles de influir en el mercado de trabajo.
Es de resaltar que el gobierno ya negoció un ajuste salarial para los empleados públicos. En la maquila también hay un ajuste vigente.
