El analista en temas migratorios, Ricardo Puerta, manifestó que deben darle "dientes" a la Ley de Amnistía Migratoria para acabar con el cobro ilegal de multas (exoneradas) a extranjeros que ingresaron irregularmente al territorio nacional.

Para el experto, una ley no asegura su ejecución inmediata en la práctica, por lo que debe apoyarse con miembros del Instituto Nacional de Migración (INM) que estén presentes en los buses que movilizan a los extranjeros.

"Por qué no ponen una persona que pueda llamar a las distintas secciones que hacen que la ley se cumpla y decirles 'en este sitio el bus ha parado y está cobrando el impuesto'", aconsejó Puerta en el foro Frente a Frente de Televicentro.

Señaló que en la ruta de Tatumbla, Francisco Morazán hacía la frontera con Guatemala parten alrededor de 20 buses diarios, por lo que solo se necesitan 20 personas (una por unidad de transporte) que representen al Gobierno y se enfoque en hacer cumplir la amnistía.

"Es bueno que la ley exista y que haya la intención de no cobrar, pero para que funcione tiene que ponerle dientes a la ley, eso quiere decir 'voy a supervisar, voy a monitorear y no voy a permitir'", añadió.

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Cobro ilegal captado en vídeo

Un televidente del foro Frente a Frente de Televicentro envió un vídeo en el que se ve a un supuesto agente de la Policía Nacional haciendo un presunto cobro en un bus lleno de migrantes.

Sin embargo, este no reveló la fecha del clip, ni el lugar por donde se trasladaba la unidad de transporte.

Ley de Amnistía Migratoria

El pasado 10 de mayo el Legislativo aprobó una Amnistía Migratoria bajo el decreto 42-2022 que consistía en un plazo de tres meses, eximiendo el pago de multas por infracción a la Ley de Migración y Extranjería.

Posteriormente, la normativa fue reformada con el decreto 79-2022 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 4 de agosto donde se autorizó una extensión del plazo de vigencia hasta el 1 de diciembre de 2022.

Asimismo, se especificó que este beneficio consiste en eximir del cobro del pago de la sanción administrativa establecida en el Artículo 104 de la Ley de Migración y Extranjería a las personas migrantes en situación de irregularidad que hayan ingresado al territorio hondureño, mismos que van de 1 a 5 salarios mínimos según la falta.

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