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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó algunas dudas de que se pueda aprobar una vía a la ciudadanía para los indocumentados en el país como parte de un paquete de gasto social de 3.5 billones de dólares que tramita el Congreso.
"Tiene que haber un camino a la ciudadanía. Lo que está por ver es si puede formar parte de la ley de gasto", dijo Biden a medios locales.
Los demócratas han propuesto un paquete de gasto social de 3.5 billones de dólares, en el que han incluido provisiones para abrir una vía a la ciudadanía a millones de inmigrantes indocumentados.
Entre ellos se encuentran los "dramers" (soñadores), jóvenes que llegaron al país siendo niños, además de millones de indocumentados que han sido considerados trabajadores esenciales durante la pandemia y los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés).
La urgencia para actuar en ese sentido aumentó a mediados de julio, cuando un juez de Texas ordenó suspender la tramitación de nuevas solicitudes de amparo bajo el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado en 2012 y que ahora protege de la deportación a unos 650 mil "soñadores".
"Inacción migratoria"
Ante la inacción del Congreso en materia migratoria en las últimas décadas, los demócratas quieren incluir una vía a la ciudadanía para millones de indocumentados en su paquete de gasto social, que confían en aprobar sin ningún voto de la oposición republicana.
Los demócratas planean aprobar el paquete de gasto mediante una fórmula legislativa conocida como "reconciliación" y que permite sacar adelante un proyecto de ley con una mayoría simple de 51 votos, en vez de con los 60 que hacen falta normalmente.
Eso daría la posibilidad a los demócratas, que tienen una mayoría ínfima en el Senado, de aprobar esa medida en solitario; pero, para lograrlo, necesitarían unir al ala más moderada del partido y al flanco progresista.
Mientras, demócratas y republicanos en el Senado seguían negociando para intentar tener listo una versión definitiva de su proyecto de ley de infraestructuras, que prevé una inversión de unos 1.2 billones de dólares a lo largo de ocho años.
