Lo que inició como la ejecución de una orden judicial por un conflicto de tierras en el departamento de Quiché, Guatemala, terminó desatando una grave crisis social y actos de violencia.
La comunidad de Santa María Nebaj se convirtió en el escenario de intensos disturbios tras el desalojo forzoso de Juana Santiago Chel, una mujer de 77 años que fue expulsada del inmueble que habitó durante décadas.
El operativo policial, que incluyó empujones y el retiro forzado de la anciana junto a su hija, provocó la indignación inmediata de la población local. La furia colectiva escaló durante la noche hasta derivar en el incendio de la residencia de la jueza encargada de autorizar la medida.
La indignación vecinal se profundizó al confirmarse que el proceso legal de desocupación fue promovido por Pedro Santiago López, hijo de la propia afectada, en medio de una disputa patrimonial familiar.
Uso excesivo de la fuerza y rechazo social
Transmisiones en vivo de medios locales y grabaciones en redes sociales captaron el despliegue de la Policía Nacional Civil (PNC). En las imágenes se observa cómo las autoridades sacaron a la anciana y a su hija entre forcejeos, dejando sus bienes a la intemperie.
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La dureza de la diligencia provocó duras críticas de líderes comunitarios y organizaciones de derechos humanos, quienes señalaron que la actuación policial careció de sensibilidad y violó los protocolos básicos de atención a personas de la tercera edad.
La señora Santiago Chel tuvo que ser trasladada a un albergue temporal para recibir asistencia médica, debido al severo deterioro de su salud tras el desalojo.
Ataque a la vivienda de la juzgadora
Con el paso de las horas, la protesta frente a la sede del Poder Judicial local derivó en enfrentamientos. Ante la falta de respuesta institucional, un grupo de manifestantes se dirigió a la vivienda de la Jueza Pluripersonal de Primera Instancia Civil de Nebaj.
Los inconformes irrumpieron en el inmueble y le prendieron fuego tras rociarle combustible. Aunque la residencia sufrió graves daños, la juzgadora resultó ilesa al ser evacuada de emergencia antes del ataque.
El Ministerio Público anunció la apertura de expedientes de investigación tanto por el ataque vandálico contra la propiedad de la jueza como por las presuntas irregularidades cometidas durante la ejecución del desalojo.
Tensión e intervención institucional
La PNC emitió un comunicado oficial asegurando que sus agentes actuaron en cumplimiento de un mandato judicial y bajo los parámetros legales establecidos. Sin embargo, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) exigió una investigación exhaustiva sobre el proceder de las fuerzas de seguridad.
Actualmente, las fuerzas armadas y la policía mantienen reforzados los accesos a Santa María Nebaj para evitar nuevos brotes de violencia, mientras la comunidad exige garantías de protección y la restitución de la vivienda a favor de la anciana.
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