La comunidad inmigrante del sur de Los Ángeles vive momentos de tensión tras el intento de cuatro agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de ingresar, sin orden judicial, a dos escuelas primarias con alta población de estudiantes latinos.
El incidente ocurrió el lunes 7 de abril en las escuelas Lillian Street y Russell, y ha generado una respuesta inmediata por parte de líderes educativos, activistas y padres de familia.
Según informó el superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), Alberto Carvalho, los agentes preguntaron por cinco menores, presuntamente por motivos relacionados con su estatus migratorio.
"Sigo perplejo sobre cómo un estudiante de primero, segundo, tercero, cuarto o sexto grado podría representar un riesgo para la seguridad nacional de nuestra nación", expresó indignado.
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Carvalho aseguró que no se permitirá el ingreso de autoridades federales sin una orden judicial: "Las escuelas no son lugares para el miedo”.
Reaccionan contra intento de ingreso de agentes a escuelas
Ron Gochez, maestro y activista de la organización Unión del Barrio, reveló que tras este suceso se ha capacitado a más de 1,500 docentes para responder ante redadas.
"Aplaudimos que no los hayan dejado entrar… Si llega el ICE, deben cerrar la escuela como si se tratara de una emergencia", afirmó. Gochez también advirtió que cerca del 10 % del alumnado ha dejado de asistir a clases, algunos incluso han optado por autodeportarse.
El Departamento de Seguridad Nacional aseguró en un comunicado que los agentes buscaban realizar "controles de bienestar" a menores que cruzaron la frontera solos, y negaron vínculos con operativos migratorios.
Sin embargo, líderes comunitarios como Evelyn Alemán, fundadora de Our Voice, y funcionarios como el superintendente estatal de educación Tony Thurmond, condenaron los hechos.
"Todos los niños tienen el derecho legal de asistir a la escuela, independientemente de su estatus migratorio", enfatizó Thurmond.
El concejal Hugo Soto-Martínez calificó la acción como "una nueva bajeza despreciable" y reiteró que gracias a la Ordenanza de Ciudad Santuario, los agentes fueron rechazados.
"No cederemos ante esta cobarde intimidación", declaró.
Mientras el miedo crece entre las familias, autoridades y organizaciones continúan reforzando la información sobre derechos y protocolos ante posibles incursiones similares en el futuro.
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