Hablar de la distribución de tierra y sus políticas generan debate y esto no se limita solo a Honduras, varios países en América Latina están con discursos diferentes, pero enfocados en cambios en el tema de reforma agraria.

Hay experiencias como la de Nicaragua, en donde la reforma agraria tuvo un costo económico, político y social, dice a tunota.com el economista Enrique Sáenz.

Sáenz señala que esa fue la principal bandera de lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Pero pasó a ser un fracaso, no se dio una lucha por una reforma agraria viable y ahora menos, porque aseguran que personas de poder cercanas a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, ha hecho, según explica Sáenz, que sean quienes concentren las mejores propiedades en sus manos.

La presión del poder, asegura el economista, se usó para adquirir esas tierras, forzando a la venta en algunos casos y en otras, simplemente las expropiaron.

La violencia

“Fue un proyecto fallido porque se usó como bandera de lucha política que no dejó que la intención de la ley cumpliera su mandato. Al contrario, dejó una huella de violencia en Nicaragua”, señala.

Y es que desde finales de la década de los 70, Nicaragua tuvo múltiples mutaciones en el proceso para ordenar las tierras. Hubo un régimen dictatorial en la primera proclama del Gobierno que se llamó de la Reconstrucción Nacional.

Pero su objetivo fue desaparecer la promesa de destruir todo latifundio, y se afectaron las propiedades de la familia Somoza, su círculo cercano, así como las tierras ociosas y en abandono.

De 1979 a 1990, esa reforma agraria nacionalizó tierras, fortaleció la presencia de agencias de desarrollo estatales, impulsó grandes inversiones en polos de desarrollo, generalizó el acceso al crédito, creó sindicatos y cooperativas agrarias y, sobre todo, se hizo con el control público del comercio y de los precios.

Pero el anhelo de aspirar a resolver los problemas de la tierra, dice, nicaragüense sólo quedó con la sangre que se derramó porque los campesinos, el brazo fuerte que se lanzó a la revolución no obtuvo beneficios.

Los conflictos en Colombia

¿Se pelea la propiedad o el uso?, es la pregunta que muchos colombianos se hacen ante la aprobación en la Cámara de Representantes del proyecto de acto legislativo 173-2022, que establece la jurisdicción agraria.

Miguel Delgadillo, de la Universidad Javeriana, de Colombia, dice que hay grupos de campesinas, campesinos y étnicos que históricamente han estado asentados y que reclaman autonomía para definir qué hacer con el suelo.

"Creería que la jurisdicción podría ampliar el espectro de conflictos para que sean unos jueces especializados quienes resuelvan si hay una explotación adecuada de la función social, ecológica y un uso ambiental adecuado" señala.

Es vital saber quién es y cómo se hace de la propiedad de la tierra.  Entonces en Colombia, esperan definir reglas para saber si hay ocupación y si la hay, si tiene sustento legal.

La tierra dejó muertos en Colombia

En la visión de Gustavo Petro, presidente de Colombia, crear jueces especializados para resolver problemas y conflictos de propiedad, tenencia y uso de la tierra en el país, es clave.

Y es que el conflicto agrario a Colombia le ha dejado unos nueve millones de muertos y esperan que esta ley resuelva los conflictos que se dirimía antes con las armas.

Colombia busca arreglar "por las buenas" los conflictos de la tierra, evitar las invasiones y según parece lo está logrando.

Un artículo de Infobae del mes de noviembre del 2022, señala que en un 31% se redujo la invasión de tierras en Colombia tras los anuncios de reforma agraria.

La Agencia Nacional de Tierras en el balance de esa fecha informó que se pasó de 26 mil hectáreas invadidas a 17,495.

Pero ademas anunció que a 5.660 familias de los departamentos de Cauca, Sucre, La Guajira, Huila y Caldas se les adjudicará 30 predios dentro de esta reforma de Petro.

Pero para Colombia además de los jueces es prioritario la formalización de propiedad en las zonas rurales.

Compromiso

Más allá de la ley y las instituciones, en Colombia hay un compromiso como el que demostró la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) que ofreció 448, 000 hectáreas de tierra dirigidas a la reforma agraria.

Esto surgió como parte de un acuerdo de compra de tierras de forma voluntaria y el la federación se comprometió en acompañar y asistir técnicamente a quienes se van a beneficiar de la reforma agraria.

Mientras Petro aspira a entregar 1,5 millones de hectáreas, que con un promedio de 10 has daría para 150.000 familias, con eso dice que sacará a 750.000 personas de la pobreza.

El asunto está que no solo tener campesinos con tierra, es que esos campesinos reciban ingresos con proyectos productivos que logren impulsar.

Un impulso a la reforma agraria en Honduras

Y, ante el fracaso de procesos agrarios en Honduras, la presidenta Xiomara Castro busca erradicar la desigualdad y asegura que ante las condiciones “precarias” del sector rural y agrícola del país, hay que ordenar la situación de tierras.

"Ha habido una escalada en la ocupación de tierras productivas, lo cual ha generado inseguridad y anarquía en el acceso a la tierra y afecta directamente al desarrollo del agro, la economía nacional y la inversión", señaló.

Ahora la Comisión de Seguridad Agraria deberá redactar una propuesta de proyecto de ley que brinde una solución a la difícil situación de tierras en las que hay 25,415 hectáreas ocupadas por invasores.

La medida de Castro es reciente y muchos sectores la ven como un avance sobre todo para detener a los grupos organizados que en los últimos años usurpan tierras y tienen beneficios de forma ilegal.

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