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Honduras terminó el año 2022 con 35.3 homicidios por cada 100,000 habitantes según datos oficiales. La tasa de homicidios más baja que ha tenido el país centroamericano en los últimos 16 años, y aunque sólo hace un mes se aprobó un régimen de excepción en algunos barrios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, el gobierno atribuye la bajada de homicidios a la medida de excepción.
El Salvador es un caso similar. Lleva nueve meses bajo un régimen de excepción en el que ha capturado a más de 61,300 personas señaladas de pertenecer a pandillas. Y el resultado de esa "extracción", según el gobierno, ha sido la baja en los homicidios cuya tasa pasó de 18,1 en 2021 a 7,8 en 2022, informó el Ministerio de Seguridad.
Que la violencia homicida en estos países históricamente violentos disminuya es positivo, según organizaciones no gubernamentales como Cristosal, pero agrega que baje debido a medidas de excepción cuyo carácter debe ser temporal es arriesgado para el Estado de derecho y la democracia.
Oposición
“Las autoridades pueden efectuar detenciones de personas que han cometido delitos sin necesidad de suspender derechos constitucionales”, explica el reciente análisis jurídico publicado por la organización de derechos humanos Cristosal, con sede en San Salvador, cuyos estudios abarcan el Triángulo Norte de Centroamérica.
La oenegé resalta que el combate al crimen organizado, ya sea cometido por pandillas o narcotráfico, es “obligación” de los estados, pero considera que para hacerlo “no es necesario conceder poderes extraordinarios al Ejecutivo”, como ocurre con los regímenes de excepción.
Suspensión de derechos
El Salvador y Honduras han suspendido derechos establecidos en sus constituciones para combatir la criminalidad. En El Salvador, desde el 27 de marzo hasta la fecha se han limitado los derechos de libre asociación y reunión, de privacidad a las comunicaciones y de ser informado sobre el motivo de una detención.
En algunas zonas de Honduras, se suspendieron los derechos de la libertad personal, la libertad de asociación y reunión, la libertad de tránsito, circulación y la inviolabilidad de la morada.
“Existen otras medidas más idóneas que sirven para perseguir penalmente al crimen organizado y que no suponen la restricción ni la suspensión de derechos: como el ejercicio de la acción penal pública o la realización de investigaciones para fundamentar órdenes de detención”, agrega Cristosal.
Según considera la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), un estado de excepción debe ser una medida de índole temporal para abordar una cuestión urgente que pone en riesgo la vida y la integridad de la ciudadanía "y no puede abordarse de otra manera".
El caso de El Salvador
El gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador, lleva nueve meses prorrogando un régimen de excepción que asegura es clave para terminar con décadas de homicidios, desapariciones y extorsiones en ese país.
Desde el 27 de marzo del año pasado, la policía y el ejército hacen patrullajes en los barrios y colonias para capturar a miles de personas cuya pertenencia a la Mara Salvatrucha o Barrio 18 es conocida por las autoridades.
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En los meses de régimen, los homicidios han bajado. Pero las denuncias por detenciones arbitrarias o torturas en el interior de las prisiones han sonado con mayor fuerza.
Denuncias
Cristosal registró 3,086 denuncias de violaciones de derechos humanos hasta el 31 de diciembre de 2022. El 97.5 por ciento de las denuncias fue por detención arbitraria.
Al menos 3.313 personas, cuya pertenencia a pandillas no pudo ser comprobada, han sido liberadas, según el ministerio de Seguridad.
Pese a ello, otras organizaciones como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el Servicio Social Pasionista (SPASS) y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) han denunciado abusos de autoridad bajo esta medida.
El modelo hondureño
Históricamente, Honduras ha buscado combatir el crimen organizado por medio de la creación de nuevas policías como la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y Policía Militar del Orden Público (PMOP), pero la tasa de homicidios se mantenía entre los 45 y los 65 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Hace un mes, decidieron apostar por un régimen de excepción cuyo modelo fue ampliado por 45 días, a partir del 6 de enero al 20 de febrero, tiempo durante el cual se suspenden garantías constitucionales.
Además de Tegucigalpa y San Pedro Sula, el estado de excepción también se extendió a 73 municipios del país centroamericano "ante buenos resultados", indicó la Policía hondureña.
"La medida es una continuación al PCM 029-2022, con el que se suspendieron artículos constitucionales que facultan a los órganos de seguridad del Estado, liderados por la Policía Nacional, para afrontar de mejor manera la amenaza de las estructuras criminales" señaló la institución.
El PCM permitirá a la Policía Nacional y otros entes de seguridad realizar operaciones focalizadas en los municipios considerados más violentos del país.
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