El reloj judicial volvió a detenerse para Francisco Cosenza Centeno, exdirector de la Tasa de Seguridad Poblacional en Honduras y a quien acusan de lavado de activos y corrupción pública.

Su audiencia de sentencia, prevista originalmente para el 31 de octubre de 2025, se reprogramó para el 18 de noviembre del mismo año en la Corte del Distrito Sur de Florida, pero se aplaza nuevamente tras una petición presentada por su defensa.

El argumento central es médico: los abogados de Cosenza afirmaron que su cliente requiere una evaluación neuropsicológica para determinar su estado mental y emocional.

Esta es una medida que podría impactar directamente en el fallo que dicte la jueza Jacqueline Becerra.

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Cosenza a evaluación neuropsicológica antes del fallo

En una orden separada, también del 27 de octubre de 2025, la jueza Becerra autorizó que Cosenza exceda el límite financiero establecido por la Ley de Justicia Penal (CJA) para contratar los servicios de un experto en neuropsicología.

La resolución permite que el exfuncionario se someta a pruebas clínicas y cognitivas a cargo de un especialista independiente, cuyo informe se presentará antes de la próxima fecha de sentencia.

El documento judicial establece que los fondos se destinarán específicamente a cubrir la evaluación y el informe neuropsicológico, considerados esenciales para la defensa.

Fuentes jurídicas consultadas explican que este tipo de evaluaciones suelen tardar de dos a seis semanas.

Este es un tiempo que coincide con la prórroga solicitada para la reprogramación del acto judicial.

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El trasfondo del caso de Francisco Cosenza

Cosenza fue director del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, un fondo millonario creado por el Estado hondureño para financiar proyectos de seguridad, defensa y equipamiento policial entre 2012 y 2022.

Durante su administración se aprobaron contratos millonarios para radares, aeronaves, canchas sintéticas y obras de infraestructura militar, algunos de los cuales hoy están bajo investigación por presuntas irregularidades en su ejecución.

La Fiscalía estadounidense sostiene que parte de esos fondos se canalizaron a través del sistema financiero internacional.

Lo hicieron con empresas pantalla y transacciones opacas, lo que constituye delitos federales de conspiración y lavado de dinero.

El proceso contra Cosenza se enmarca en una red más amplia de investigaciones que involucran el uso indebido de recursos públicos en Honduras durante la última década.

Una estrategia antes de la sentencia

El nuevo aplazamiento de la sentencia se interpreta como una estrategia de defensa orientada a obtener factores atenuantes en el fallo final.

Si el informe neuropsicológico revela afectaciones mentales o cognitivas, podría servir como base para que la defensa solicite una reducción de pena o tratamiento especial dentro del sistema penitenciario federal.

Por ahora, la Corte no fijó una nueva fecha para la audiencia de sentencia, y Cosenza permanece bajo arresto domiciliario.

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Expectativa en Honduras por juicio a Consenza

El caso continúa bajo la mirada de Honduras, donde el fideicomiso de la Tasa de Seguridad es objeto de auditorías, investigaciones y cuestionamientos públicos.

Cada retraso judicial mantiene viva la atención sobre el destino de los fondos que debían fortalecer las tareas de combarte a la criminalidad y violencia.

El resultado de la evaluación neuropsicológica podría cambiar el curso del proceso, y con ello, definir el desenlace de una de las sentencias más esperadas sobre el manejo de recursos públicos en la historia reciente de Honduras.

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