El Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) anunció oficialmente sanciones contra la Unión Cuba-Petróleo (CUPET). Esta empresa estatal se encarga de la extracción, refinamiento y producción de crudo en la isla. Sin embargo, según el Departamento del Tesoro, la compañía opera con activos expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses.
Por este motivo, la inclusión de CUPET en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bloquea de inmediato sus operaciones. Por consiguiente, queda prohibida cualquier transacción financiera o comercial con la entidad.
Lea También: Triángulo Norte acelera apuesta farmacéutica con EE. UU.: HUGE convoca a líderes
Además, el secretario de Estado, Marcos Rubio, justificó la medida de forma enérgica. Afirmó que el gobierno comunista utiliza la energía como un arma de represión para enriquecer a su cúpula.
Impacto comercial y veto familiar
La sanción frena los planes de la empresa Vanguard Energy, con sede en Florida. Esta firma buscaba alquilar terrenos de almacenamiento a CUPET para exportar crudo a la isla. El Departamento de Estado negó rotundamente haber concedido licencias para evadir el bloqueo energético vigente.
El cerco de la administración estadounidense también se extendió al entorno familiar de los líderes cubanos. Las nuevas restricciones afectan directamente a parientes clave de Raúl Castro y del mandatario Miguel Díaz-Canel. Entre los señalados destacan la primera dama, Lis Cuesta Peraza, y Alejandro Castro Espín.
Lea También: EE. UU. lanza advertencia a influencers: podrías perder tu visa por hacer esto
Alerta y tensión en Cuba
El panorama se tornó más complejo tras las recientes declaraciones de Pete Hegseth. El secretario de Guerra de EE. UU. visitó la base de Guantánamo y lanzó una dura advertencia. Aseguró que todas las opciones están sobre la mesa respecto al futuro de la cúpula cubana.
Lea También: 'Quien no sabe pasar el balón…': el mensaje del papa León antes del Mundial
Por su parte, el Gobierno de Cuba defendió firmemente su soberanía. Las autoridades insisten en que el futuro del país debe ser decidido por su propio pueblo. El conflicto mantiene en alerta a los mercados energéticos de la región

