Centenares de opositores fueron detenidos en Nicaragua en el contexto de la represión que siguió a las protestas de 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en elecciones puestas en entredicho por Estados Unidos y la Unión Europea.

El Departamento de Estado informó en un comunicado que ha impuesto "restricciones de visa a 100 funcionarios municipales nicaragüenses por su papel en el apoyo a los ataques del régimen de Ortega a los derechos humanos y las libertades fundamentales y la represión de las organizaciones de la sociedad civil".

Desde agosto, Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo han cerrado y confiscado la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, dos centros de gran prestigio.

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Además, Ortega y Murillo "han apuntado a instituciones académicas independientes, alterando las esperanzas y los sueños de los nicaragüenses que buscan construir un futuro mejor en su patria", añade el comunicado.

Más de mil sancionados

Washington afirma haber restringido por el momento el acceso a visa a "más de 1.000 funcionarios nicaragüenses, incluidos aquellos involucrados en abusos de derechos humanos, represión de voces independientes y corrupción".

Blinken también volvió a pedir a Managua que libere "a quienes están injustamente detenidos por su valiente apoyo a una sociedad civil libre y a la libertad de conciencia, incluido el obispo Rolando Álvarez".

Álvarez fue condenado en febrero a más de 26 años de cárcel tras rechazar marcharse a Estados Unidos junto a 222 presos políticos excarcelados y expulsados del país.

El jefe de la diplomacia advierte al gobierno de Ortega que Estados Unidos seguirá trabajando "con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas de quienes socavan la democracia" y apoyar "las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense".

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