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El veto que Estados Unidos ha interpuesto a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para reconocer a Palestina como estado de pleno derecho de la ONU (y no mero observador) pasará ahora a la Asamblea General.
Desde abril de 2022, y tras una reforma en el reglamento de la ONU, los casos en los que un Estado miembro permanente usa su derecho de veto tienen que ir forzosamente a debate a la Asamblea General, donde las resoluciones no son vinculantes pero tienen alto valor simbólico.
El reglamento dice que cada resolución vetada debe luego aterrizar en la Asamblea "dentro los diez días laborables siguientes", es decir, en este caso, hacia el 7 de mayo.
Con esta reforma se pretende limitar el uso del veto, porque así se obliga a uno de los cinco miembros permanentes que así lo utilice (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido) a ofrecer explicaciones en la Asamblea, donde se sientan todos los países, grandes o pequeños, en pie de igualdad.
Si hoy Estados Unidos se quedó solo en el Consejo de Seguridad en su oposición al Estado palestino -doce países votaron a favor y dos e abstuvieron-, su soledad va a quedar aún más en evidencia en la Asamblea, ya que ahora mismo son 139 los países que ya reconocen a Palestina (de los 193 que componen la ONU).
En 2012, cuando la entrada de Palestina como 'estado observador' en la ONU (una condición que solo tenía el Vaticano) llegó a la Asamblea General, 138 países votaron a favor, 41 se abstuvieron y solo nueve votaron en contra, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Israel, Panamá y la República Checa. Los otros cuatro fueron microestados del Pacífico.
Palestina había pedido un año antes, en 2011, su admisión como estado de pleno derecho, pero entonces la cuestión quedó "aparcada" en el Comité de Admisiones y no llegó a votarse en el Consejo, llegándose más tarde a esa solución de compromiso.
Se ha rumoreado en los pasados días que Palestina podría buscar ahora elevar su rango como Estado, aunque eso suponga crear una nueva figura que le permita superar su estatus de "observador", todo ello antes de que la cuestión llegue en dos semanas a la Asamblea.
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