Síguenos en Google News
Dos años y seis meses después de una de las tragedias migratorias más graves en la historia reciente de México, el exdirector del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, ofreció el pasado viernes una disculpa pública a las familias de los 40 migrantes que murieron asfixiados y calcinados en un incendio dentro de un centro de detención en Ciudad Juárez, entre ellos seis hondureños.
La disculpa, leída desde el Museo de la Ciudad de México, se dio en cumplimiento de una orden judicial. Con voz solemne y mirada fija en sus notas, Garduño expresó:
"Les ofrezco con humildad una profunda y sincera disculpa por el sufrimiento y daño causado (…) por las consecuencias permanentes que han quedado en sus vidas y por las afectaciones físicas, psicológicas, emocionales y cognitivas".
En un gesto que pretendía simbolizar reconocimiento a las víctimas, Garduño pronunció uno por uno los nombres de los 40 migrantes fallecidos, incluidos los seis ciudadanos hondureños, así como de los 27 sobrevivientes heridos.
Migrantes hondureños fallecidos en el incendio del centro de detención
Entre los 40 migrantes que perdieron la vida, seis eran hondureños, originarios en su mayoría del departamento de Santa Bárbara:
Durante el acto estuvo presente Héctor Amador, cónsul de Honduras en Ciudad de México, quien acompañó a los familiares hondureños que viajaron para participar en la ceremonia.
El incendio del centro de detención del INM
El 27 de marzo de 2023, un grupo de migrantes —detenidos en las instalaciones del INM en Ciudad Juárez— prendió fuego a unas colchonetas como forma de protesta contra su detención y el riesgo inminente de deportación.
El incendio, que se salió de control, cobró la vida de 40 hombres y dejó a 27 gravemente heridos.
De acuerdo con las investigaciones, los funcionarios del centro abandonaron el lugar sin abrir las puertas ni ayudar a los migrantes encerrados.
Un patrón de omisiones en tragedia en México
La Fiscalía General de la República imputó a Garduño por ejercicio ilícito del servicio público, señalando un patrón de negligencias dentro del INM. Durante su gestión (2019-2024), el instituto acumuló más de 5,600 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y 14 incendios en sus instalaciones.
En su discurso, el exfuncionario reconoció las omisiones del personal la noche del incendio y lamentó que no se garantizara la seguridad ni los derechos humanos de los migrantes bajo custodia del Estado.
Sin embargo, para los familiares, la disculpa fue insuficiente.
"Una disculpa pública, leída, a la que ha sido obligado y enmarcada en una instrucción judicial, no resuelve el crimen", reclamó Claudia Varela, hermana del salvadoreño Daniel de Jesús Varela, una de las víctimas.
"Ellos pasaron por aquí para tener un mejor futuro, no para ser encarcelados y quemados", denunció Claudia con la voz quebrada.
También sobrevivientes como Estefan Arengo Murillo, de Venezuela, alzaron la voz: "Esa noche usted tenía el poder para ordenar que se abrieran las puertas. No teníamos agua ni comida ni los extintores estaban en el lugar adecuado".
Justicia pendiente para migrantes
Aunque la disculpa marca un precedente en el reconocimiento de responsabilidades estatales en temas migratorios, los familiares y sobrevivientes exigen justicia real: que se investigue a fondo, se castigue a los responsables y se reforme un sistema que ha demostrado ser letal para miles de migrantes en tránsito por México.
Hasta ahora, ni el INM ni el gobierno federal han anunciado medidas concretas de reparación integral o de reforma profunda a los centros de detención migratoria.
VEA: Tres niñas hondureñas regresan a casa tras 7 años abandonadas en México