Según Noticias Telemundo, citando a The Associated Press como fuente, el pacto judicial también permite a las familias que fueron separadas durante la administración Trump (2017-2021) volver a Estados Unidos para vivir y trabajar temporalmente.

Sin embargo, un juez debe aprobar el acuerdo entre la administración Biden y la ACLU. En caso de ratificación, se establecerán nuevos estándares contra la práctica de separación de unidades familiares, según la información de Telemundo.

El acuerdo solo permitirá la separación de familiares en "circunstancias específicas limitadas", que incluyen razones de seguridad nacional, seguridad del menor, emergencias médicas, entre otras.

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En estos casos, el Gobierno estadounidense deberá proporcionar información a los padres o tutores separados de menores y establecer canales de comunicación para precisar las circunstancias bajo las cuales se llevará a cabo la reunificación, si la situación lo amerita.

Demanda judicial

La ACLU presentó una demanda contra el Gobierno federal en 2018 por la política de Trump de separar a padres e hijos a su ingreso a territorio estadounidense.

Tras el acuerdo, Lee Gelernt, el abogado principal de la ACLU, comentó que esto "significa que bebés y niños finalmente podrán ver a sus padres tras varios años separados y que las familias que han sufrido puedan obtener un estatus legal".

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Además, lo más importante es que prohíbe a cualquier administración en el futuro imponer otra política de separación familiar, agregó Gelernt.

Separación de familias migrantes

Según cifras oficiales, alrededor de 5 mil infantes fueron separados de sus padres en la frontera con México como parte de la política antimigratoria de Trump.

Por su parte, el presidente Joe Biden, al asumir el cargo en enero de 2021, creó el Grupo Operativo para el Reencuentro Familiar (FRTF) dentro del Departamento de Seguridad Nacional.

Según la directora ejecutiva de este grupo, Michelle Brané, la mayoría de las familias ya están reunificadas.

Entre los grupos familiares separados, había 1,147 personas provenientes de Honduras, de los cuales, hasta septiembre de este año, seguían buscando a parientes de 103 menores.

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