Una jueza federal ha ordenado al gobierno de Trump facilitar el regreso de hondureño deportado tras demostrarse que sufrió graves violaciones a sus derechos humanos. La justicia determinó que el compatriota fue coaccionado para firmar su salida voluntaria sin tener la oportunidad de presentar su caso de asilo ante una corte.
La jueza federal Beryl A. Howell dictaminó que la expulsión fue una violación directa a la Quinta Enmienda. Por ello, ordenó al Gobierno de Estados Unidos traer de vuelta al inmigrante de manera inmediata.
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Violación al debido proceso y desaparición del sistema
José Eliézer Martínez Andino residía en el estado de Montana y es padre de una niña de tres años que dependía económicamente de él. El pasado 18 de marzo fue detenido por agentes de inmigración.
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El joven fue trasladado de forma consecutiva a un mínimo de seis centros de detención diferentes. Durante este trayecto, Martínez Andino desapareció por completo del sistema de registro del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Sus abogados denunciaron que, por más de diez días, ni el ICE ni la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) brindaron información sobre su paradero. La opacidad de las agencias obligó a presentar una demanda judicial urgente.
Un fallo judicial que frena los abusos
Presionada por el tribunal, la Administración Trump admitió que el hondureño había sido expulsado el 13 de abril. El argumento del gobierno estadounidense fue que el joven había firmado una salida voluntaria del país.
Sin embargo, Martínez Andino denunció que fue engañado. Los agentes fronterizos no le explicaron el contenido de los documentos y le aseguraron que firmar era su única alternativa legal. Nunca se le permitió exponer su temor de regresar a Honduras.
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Howell también recordó que el joven llegó a EE. UU. a los 14 años huyendo del maltrato de su padre. La jueza concluyó que Martínez Andino sufrirá un daño irreparable si permanece más tiempo en suelo hondureño.
