Las deportaciones de Trump hacia terceros países enfrentarán una prueba decisiva el próximo 9 de diciembre, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos examine la legalidad de esta política migratoria.
Los nueve magistrados escucharán los argumentos de un caso que podría modificar las condiciones bajo las cuales el gobierno estadounidense expulsa a extranjeros hacia naciones distintas de sus países de origen.
La audiencia corresponde al expediente 26-426, identificado como Department of Homeland Security v. D.V.D.
Es una disputa que enfrenta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con inmigrantes que cuestionan esos procedimientos.
El tribunal deberá determinar si las autoridades pueden ejecutar estos traslados bajo las reglas actuales o si deben garantizar mayores oportunidades para que los afectados impugnen su destino.
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¿Por qué la Corte Suprema podría detener las deportaciones?
La controversia comenzó cuando inmigrantes afectados por las expulsiones a terceros países acudieron a los tribunales para cuestionar los procedimientos utilizados por el gobierno estadounidense.
Los demandantes sostienen que las autoridades deben permitirles presentar pruebas sobre posibles riesgos de persecución o tortura antes de enviarlos a otro territorio.
El caso también plantea si los tribunales federales tienen competencia para revisar estas reclamaciones y anular disposiciones migratorias de alcance general.
El gobierno de Trump defiende su autoridad para ejecutar órdenes de deportación hacia países que acepten recibir a extranjeros, conforme a la legislación migratoria estadounidense.
La Corte Suprema deberá examinar tanto la legalidad de las instrucciones administrativas como las facultades de los jueces para intervenir en su aplicación.
Una sentencia contraria al gobierno podría obligar al DHS a modificar sus procedimientos y establecer nuevas garantías antes de efectuar determinados traslados.
Traslados continúan mientras avanza el juicio
El 29 de septiembre de 2026, la Corte Suprema suspendió una sentencia emitida por un tribunal federal de Massachusetts que declaró ilegal la política.
Con esa resolución, el gobierno estadounidense obtuvo autorización provisional para continuar aplicando sus procedimientos de deportación hacia terceros países.
Las magistradas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se pronunciaron contra la suspensión de la sentencia del tribunal inferior.
Ese mismo día, la Corte aceptó revisar el fondo de la controversia y ordenó preparar los argumentos para una audiencia durante diciembre.
Por tanto, las deportaciones pueden continuar mientras los magistrados deliberan sobre el alcance de la autoridad del Ejecutivo y las protecciones legales de los inmigrantes.
Más de 25,000 migrantes enviados a terceros países
Las organizaciones Refugees International y Human Rights First estimaron que más de 25,000 personas las trasladaron a terceros países hasta septiembre de 2026.
La cifra aparece recogida en un informe del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense, conocido como CRS.
Según ese documento, la administración estadounidense ha desarrollado acuerdos de recepción de migrantes con más de 30 países.
Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional no publica información completa sobre la cantidad de acuerdos establecidos ni sobre todos los traslados realizados.
La política forma parte de las medidas migratorias impulsadas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.
¿Qué puede cambiar después del 9 de diciembre?
La Corte Suprema tendrá que resolver varios aspectos de la política de deportaciones hacia terceros países.
Uno de ellos es si el gobierno puede ejecutar los traslados sin ofrecer a cada inmigrante una oportunidad suficiente para presentar objeciones relacionadas con su seguridad.
También examinará si las instrucciones del DHS cumplen con la legislación migratoria federal y las disposiciones estadounidenses contra la tortura.
Otro punto será determinar hasta dónde pueden intervenir los tribunales cuando una política afecta simultáneamente a numerosos extranjeros.
Una decisión favorable a los demandantes podría establecer requisitos adicionales para ejecutar estas deportaciones. En cambio, una sentencia favorable al gobierno permitiría mantener las disposiciones cuestionadas.
El alcance de cualquiera de esas decisiones dependerá de los argumentos jurídicos que adopte la mayoría de los magistrados.
El 9 de diciembre comenzará la fase decisiva de un proceso que podría cambiar las reglas para enviar migrantes a países distintos de los suyos.
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