El Tribunal Supremo de Justicia emitió su dictamen este martes a favor de Texas, permitiendo la implementación de una ley que autoriza a la policía detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar irregularmente a Estados Unidos.
La legislación, conocida como SB-4, será puesta en marcha mientras se atienden los argumentos de una demanda presentada por el Gobierno del presidente Joe Biden y grupos defensores de los migrantes.
Este caso llegó al máximo tribunal después de una disputa legal liderada por la administración Biden y defensores de los inmigrantes, como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), quienes argumentan que la medida es inconstitucional.
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Los demandantes solicitaron al Supremo que suspendiera la aplicación de la medida mientras se resolvía el caso en el quinto circuito de apelaciones.
El lunes, el juez Samuel Alito había bloqueado temporalmente la ley, a la espera de la votación del pleno sobre esta solicitud.
Hoy, los seis jueces conservadores votaron a favor de Texas, permitiendo que la ley entre en vigor mientras se espera una decisión final sobre el caso.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, elogió la decisión del tribunal en un comunicado. 'Texas ha prevalecido sobre los recursos de emergencia de la Administración Biden y la ACLU', declaró, subrayando que la ley ya está en vigor.
Consecuencias
La SB-4, una de las medidas antiinmigrantes más severas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor el ingreso o intento de ingreso irregular al estado desde una nación extranjera.
En caso de reincidencia, este delito se considera grave y puede castigarse con hasta 20 años de prisión.
Además, la ley permite que la justicia estatal ordene la expulsión de personas sin pasar por un proceso legal.
También otorga a los agentes de policía la autoridad para arrestar a cualquier individuo que sospechen que ingresó ilegalmente al país, con la discreción de expulsarlo a México en lugar de arrestarlo.
Originalmente, esta medida, promovida por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, estaba programada para entrar en vigor el 5 de marzo, pero fue prohibida por un juez federal a favor de los demandantes.
El fiscal de Texas, Ken Paxton, llevó la disputa al quinto circuito de apelaciones, donde obtuvo apoyo.
Por esta razón, los demandantes recurrieron al supremo para evitar la entrada en vigencia de la ley mediante una moción de emergencia, la cual fue denegada.
Anand Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, expresó su decepción por la decisión de este martes.
En un comunicado, agregó que la ley 'amenaza la integridad de las leyes de inmigración de nuestra nación y los principios fundamentales del debido proceso', y aseguró que continuarán luchando para derrotarla.
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