El Gobierno de Nicaragua anunció su salida inmediata del Parlamento Centroamericano (Parlacen), luego de denunciar el tratado constitutivo del organismo regional. La decisión fue comunicada el sábado 3 de octubre mediante una nota oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense.
La Cancillería informó que la medida responde al "ejercicio pleno de su soberanía" y notificó formalmente la denuncia del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas a la Junta Directiva del Parlacen.
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Asimismo, el Gobierno nicaragüense trasladó la decisión al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, país depositario del tratado, para que informe al resto de los Estados miembros sobre la salida de Nicaragua.
¿Por qué Nicaragua abandonó el Parlacen?
El Tratado Constitutivo del Parlacen fue firmado en Guatemala el 2 de octubre de 1987, mientras que el organismo comenzó sus actividades en 1991 como una instancia de representación política y debate dentro del proceso de integración centroamericana.
La decisión de Managua se conoció un día después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobara una resolución sobre Nicaragua, en la que reclamó el restablecimiento de las libertades públicas, la liberación de los presos políticos y la creación de condiciones para celebrar elecciones libres, justas e inclusivas.
La resolución de la OEA también pidió a las autoridades nicaragüenses restituir el espacio cívico y garantizar derechos como la libertad de expresión, asociación, religión y reunión pacífica.
Además, el organismo interamericano exigió la liberación incondicional de las personas detenidas por motivos políticos y solicitó información sobre el paradero y estado de quienes han sido víctimas de desaparición forzada.
OEA reclama cambios en Nicaragua
Entre sus peticiones, la OEA planteó la restitución de la nacionalidad y de los derechos asociados para las personas que fueron privadas de ella, así como condiciones para que puedan regresar a Nicaragua de manera segura y voluntaria.
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La resolución también contempla a dirigentes religiosos, periodistas y defensores de derechos humanos, además de organizaciones civiles, medios independientes, universidades y empresas que han sido disueltas.
El organismo pidió recuperar la independencia institucional, la separación de poderes y el pluralismo político, así como establecer una administración electoral independiente y permitir una observación internacional creíble de futuros procesos electorales.
Tras la resolución, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, afirmó que Washington mantiene "todas las opciones sobre la mesa" para exigir cuentas al Gobierno nicaragüense.
Segura también cuestionó la decisión de Managua de rechazar a la embajadora estadounidense designada, Natasha Franceschi, señalando que esto evidenciaría dificultades para mantener un diálogo diplomático con Nicaragua.
