Pese a que el juez federal, Emmet Sullivan, bloqueó el martes el Título 42, una norma que ha permitido a las autoridades estadounidenses expulsar a más de un millón de migrantes que cruzaron la frontera sur estadounidense, la misma continuará vigente, al menos por un tiempo, informó este miércoles el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos.

En ese sentido, el Departamento de Seguridad en un comunicado publicado por la embajada estadounidense en Honduras, comunicó que una corte otorgó un amparo ante la disposición de eliminar la orden pública de salud de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) conocida como Título 42.

"El Título 42 se mantendrá en efecto durante el periodo del amparo, lo que permitirá al gobierno prepararse para una transición, y continuar administrando la frontera de una manera segura, ordenada y humana", resalta el escrito.

Continuarán las expulsiones de migrantes

Además, el documento señala que, mientras el amparo esté vigente, el DHS continuará procesando a individuos de acuerdo al Título 42; y expulsando a adultos y grupos de familias que crucen de manera irregular por la frontera sur de ese país.

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De igual forma, recomendaron que la gente no debe escuchar las mentiras de los traficantes que quieren aprovecharse de los migrantes vulnerables y poner sus vidas en riesgo. "La frontera está cerrada y continuaremos aplicando cabalmente nuestras leyes migratorias", indica el escrito.

De igual forma, las autoridades estadounidenses aseguraron que seguirán trabajando con sus socios en el hemisferio occidental en una campaña contra los traficantes de migrantes.

"Entre otras acciones, nosotros y nuestros socios hemos llevado a cabo redadas en casas de seguridad; decomiso de tráileres usados para traficar migrantes, y confiscado tecnologías de información de traficantes para rastrearlos", sostiene el DHS.

Finalmente, las autoridades estadounidenses afirmaron que el gobierno federal continúa trabajando con otros países para resolver las causas que originan la migración irregular; y que han llevado a un incremento sin precedentes de flujos migratorios que retan al hemisferio.

¿Qué es el Título 42?

En los primeros días de la pandemia de coronavirus, los CDC emitieron una orden de salud pública el 20 de marzo de 2020, que según los funcionarios tenía como objetivo detener la propagación del covid-19.

La orden permitió a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de EE.UU. y se ha extendido varias veces. La política es ampliamente conocida como Título 42, por la parte del código de EE.UU. que permitió que el director de los CDC la emitiera.

Bajo el Título 42, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) prohíbe la entrada de ciertas personas que "potencialmente representan un riesgo para la salud". Ya sea por las restricciones de viaje previamente anunciadas o por haber ingresado ilegalmente al país con el fin de "eludir las medidas de detección médica".

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Según la CBP, las personas que son detenidas no son retenidas en áreas congregadas para su procesamiento y son expulsadas inmediatamente a su país de último tránsito.

Según datos de la la CBP, desde marzo de 2020 y hasta abril de 2022 se habían enviado de regreso a México o a su país de origen 1,7 millones de migrantes.

Gracias al Título 42 los funcionarios fronterizos pueden expulsar inmediatamente a los migrantes que ingresan a través de Canadá y México hacia EE.UU. Los menores migrantes no acompañados están exentos de esta medida.

El 1 de abril de este año, los CDC anunciaron planes para rescindir la orden, afirmando que ya no es necesaria dadas las condiciones de salud pública actuales y la mayor disponibilidad de vacunas y tratamientos para el covid-19. La política estaba programada para finalizar el 23 de mayo.

Un juez federal en Louisiana dijo en abril que planeaba bloquear temporalmente que se le ponga fin a la política.

Este martes 15 de noviembre, el juez de distrito Emmet Sullivan en Washington bloqueó el Título 42 y dijo que encontró que la orden era "arbitraria y caprichosa en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo".

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