Mi interés por la economía inició durante mis estudios de leyes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de 1991 a 1994.

Brevemente expuesto a la “ciencia pesimista” de Adam Smith en dos clases universitarias, continué tratando de darle sentido a mi título de “Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales”.

En efecto, una vez que uno se adentra en la economía se termina dando cuenta irremediablemente que se trata de la más perfecta de las ciencias sociales.

Este convencimiento me llevó a enfocarme en estudiar la relación interdisciplinaria entre el derecho y la economía, como ciencias sociales.

Y fue en la Universidad de Chicago, claustro en el que tal interrelación se instrumentalizó debidamente desde los años cincuenta del siglo pasado, donde encontré el lugar para obtener tal orientación.

Y escribo “orientación” porque no soy economista de profesión; como abogado me he centrado en los puntos de contacto entre ambas ciencias, la jurídica y la económica. Como bromeaban algunos de mis maestros en Chicago “después de todo, Milton Friedman no es abogado”.

Por ello, como imaginará el ciberlector, no pretendo llegar a modelos económicos formales en EconoVISTA. Se trata simplemente de iniciar en Honduras la apertura a una visión diferente de las instituciones jurídicas; una en la que se entremezcla la visión económica general de las cosas, como debe ser cuando se estudian, evidencian y regulan los fenómenos del comportamiento humano.

Es esta precisamente la motivación y fundamentación de la EconoVISTA que hoy inicia en tunota.com.

Y es precisamente el problema del costo social uno de los puntos de partida de esa escuela de pensamiento legal conocida como análisis económico del derecho.

Ello dado que resulta claro que el problema del costo es central en la ciencia económica (por algunos economistas señalada como “la ciencia de la escasez”).

Más en países como el nuestro, con aparatos productivos pequeños y subdesarrollados, se vuelve de extrema importancia lidiar con el costo que produce en la sociedad el comportamiento de sus ciudadanos.

Es decir, se vuelve toral que las normas jurídicas tengan entre sus “Considerandos” mas importantes, el evitar que se desperdicien recursos escasos; o dicho de otra manera, se minimize el costo social.

Es más, para algunos teóricos de las ciencias ya referidas este se vuelve el único propósito de las leyes.

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Para lograr tal propósito debemos dejar por sentado que los seres humanos llevamos a cabo conductas que solo pretenden maximizar nuestro propio beneficio, generando por ende un costo para los demás. Tal modelo es conocido como el del homo economicus.

Este modelo es una realidad clara y objetiva en toda economía de mercado y que no podemos evitar: para que alguien gane, alguien más debe de perder (o a lo sumo, dejar de ganar).

Por este problema de claro desequilibrio en la sociedad es que siempre deberemos de contar con instituciones que logren equilibrar tal situación, al punto que si bien es cierto alguien deba de ganar, quien debe de perder no empeore su situación (la famosa eficiencia de Pareto).

Ello nos lleva precisamente a la idea de la eficiencia económica como el objetivo primordial de toda construcción institucional.

Ya tenemos en Honduras normas que abiertamente regulan la eficiencia económica como objetivo social.

Sin embargo, las mismas no ocupan el lugar que se merecen dentro de las políticas públicas.

Continuaremos ahondando en el problema del costo social y sus implicaciones legales en Honduras en la próxima EconoVISTA…