La protección y promoción de la dignidad humana es aspiración, necesidad y obligatoriedad. Es límite infranqueable de todo poder y punto de partida de toda transformación democrática.

Cuando los gobiernos fallan, la ciudadanía debe asumir su papel histórico: defender la vida, la libertad y el bien común con la fuerza pacífica de la responsabilidad cívica. Hoy, más que nunca, estamos llamados a convertir la dignidad humana en la medida de nuestras decisiones, en la brújula de nuestras instituciones y en el fundamento de un nuevo pacto social que devuelva a cada persona su dignidad humana, y a cada pueblo, su futuro de progreso social y bien común.                                       

                                                                  Dr. H. Roberto Herrera Cáceres

                                                                    Jurista internacional y escritor                                                          

La dignidad humana es la razón de ser y el fin supremo del Estado democrático de Derecho. Sin embargo, hoy enfrenta amenazas crecientes debido a males públicos que se han vuelto frecuentes: incapacidad de gestión legítima, falta de voluntad política, corrupción, violencia, crimen organizado, impunidad, captura del Estado y expulsión masiva de personas. A ello se suman catástrofes naturales y crisis sociales que muchos gobiernos no han sabido prevenir ni resolver.

Esas fallas han dañado la dignidad de las personas y de los pueblos; y han también debilitado la soberanía estatal, que pertenece exclusivamente a los pueblos. Ante esta realidad, todas las personas y comunidades tienen el derecho —y la obligación— de exigir a sus gobiernos que prevengan, corrijan y superen estos males públicos. Su continuidad ha generado pobreza, injusticia social y exclusión, especialmente en países de menor desarrollo, donde la mayoría de la población carece de oportunidades para participar en el desarrollo local y nacional; y beneficiarse de él.

Vivimos tiempos de riesgo para la democracia y el Estado de Derecho. Por ello, debemos vigilar el desempeño legítimo de nuestros gobiernos y exigirles que se dediquen exclusivamente a construir un porvenir de bien común, con el acompañamiento de una sociedad cívica solidaria, responsable de su seguridad humana y de su desarrollo integral, sostenible e inclusivo.

Ese porvenir de bien común es la base de las oportunidades que facilitará a cada persona buscar y alcanzar su propio bienestar en igualdad de condiciones. El siglo XXI nos ofrece esa oportunidad histórica para transformar nuestros países, nuestra región y nuestro mundo.

De esa manera podremos asegurar la efectividad del derecho al respeto, protección y promoción de la dignidad humana mediante el bien común e individual como fundamento del bienestar y progreso social en cada Estado democrático de Derecho. Para ello, la ciudadanía debe participar activamente desde ahora, contribuyendo a la construcción de una nueva y diferente realidad social. El respeto a la dignidad humana debe comenzar en cada familia y extenderse a la vida comunitaria, nacional y a nuestras relaciones con los demás pueblos.

Esa transformación democrática pluralista requiere solidaridad intergeneracional entre jóvenes, adultos y mayores. Debe practicarse desde las familias y comunidades locales, fortalecerse con ciudadanía activa y responsable, y expresarse en conductas de apoyo mutuo orientadas al bien común familiar y comunitario. Un buen gobierno local debe consolidar ese bien común de manera que contribuya al desarrollo integral del pueblo en todo el ámbito nacional.

En suma, la protección y promoción de la dignidad humana y el bien común e individual no dependen únicamente de los gobiernos ni están subordinados a ellos. Dependen más que todo de cada ciudadano (a) y deben vivirse en cada familia y en cada comunidad, hasta abarcar todo el ámbito nacional que es donde reside el pilar fundamental sobre el que descansa y se sostiene el Estado democrático de Derecho.

Así, la protección y promoción de la dignidad humana es aspiración, necesidad y obligatoriedad. Es límite infranqueable de todo poder y punto de partida de toda transformación democrática.

Cuando los gobiernos fallan, la ciudadanía debe asumir su papel histórico: defender la vida, la libertad y el bien común con la fuerza pacífica de la responsabilidad cívica.

Hoy, más que nunca, estamos llamados a convertir la dignidad humana en la medida de nuestras decisiones, en la brújula de nuestras instituciones y en el fundamento de un nuevo pacto social que devuelva a cada persona su dignidad humana, y a cada pueblo, su futuro de progreso social y bien común.