Las políticas de seguridad ciudadana anunciadas por el gobierno buscan en los últimos meses revertir las cifras de la violencia y criminalidad que arrecia en diversos puntos del país a causa de la extorsión, la disputa de plazas y control de territorios entre mafias criminales, las reyertas carcelarias y la muerte violenta de mujeres, entre otros aspectos.

En la primera y la segunda fase de esas políticas, marcadas por un estado de excepción parcial, el énfasis ha sido detener la extorsión que sigue su curso de chantaje, distribuir el territorio entre las fuerzas del orden (policías y militares), abrir puertas para la construcción de cárceles a discrecionalidad, y generar certidumbre de que la ciudadanía no está huérfana ante el crimen. Las últimas publicaciones periodísticas sobre violencia e inseguridad muestran que este es uno de los principales talones de Aquiles que enfrenta el gobierno de la presidenta Castro.

¿Y dónde están las mujeres dentro de esa política?, es la pregunta obligada, pues en los renglones enunciados por el gobierno la violencia contra las mujeres no se encuentra dibujada, pese a la epidemia que representa. A marzo de 2023, ya se registraban en el país cerca de 83 muertes violentas de mujeres. Cada 27 horas, una mujer es asesinada en este país.

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En tanto, las otras violencias como la doméstica, el maltrato familiar, el acoso, la violencia sexual y otras, tampoco se ven reflejadas en esta política de seguridad ciudadana que en su segunda fase denominada “Solución contra el crimen”, sigue apostando a la contención de mafias criminales, sin que los femicidios y otras violencias contra las mujeres formen parte de esa política integral de seguridad.

Las mujeres parecen estar bajo “estado de excepción” dentro de la excepción parcial que limita las garantías ciudadanas decretadas por el Estado. Recién concluido el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, la emotividad de los discursos empieza a disminuir. Las leyes a favor de las mujeres avanzan, dicen las congresistas, unas en dictamen y otras en camino, pero no terminar de ingresar al hemiciclo.

En tierra adentro, si usted pregunta a las mujeres si denunciarían la violencia que son objeto, la mayoría responde que no lo harían por temor y desconfianza en la autoridad. Toman la declaración, pero ahí queda, la ley no ayuda a las mujeres, aseguran.

Esa percepción de indefensión e inseguridad no puede ignorarse en las políticas integrales de seguridad ciudadana que se propone el gobierno, la seguridad también es asunto de mujeres.

En uno de los municipios más pintorescos del país, al oriente, un grupo de militares hacía su rutina de seguridad por el parque. Las mujeres ahí reunidas decían que antes eso no se miraba en el pueblo, y que ahora solo pueden estar en el parque o en las aceras de sus casas hasta las diez de la noche. Dicen que por el estado de excepción; y nosotras, nos sentimos entonces limitadas en nuestras libertades, expresaron. Están, “bajo excepción”.

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