El año lectivo 2023 nos vuelve a agarrar con los pantalones abajo. Una monumental tragedia educativa, que le cierra el paso a un millón de niños y jóvenes que no pueden entrar a un aula de clases y que le impide al 75 por ciento de los alumnos matriculados alcanzar los mínimos estándares en lectura y matemáticas.

Un sistema que le robó al estudiante su derecho a una educación inclusiva, pertinente y equitativa. Y es que cuando sólo 31 de cada cien jóvenes tienen la oportunidad de entrar a la escuela, el Estado como tal fracasó entonces, en garantizar el derecho constitucional a la educación, en la cobertura y acceso universal al conocimiento, restringiéndole toda posibilidad al niño y joven de asistir al centro educativo, independientemente de sus condiciones socioeconómicas y culturales.

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La imposibilidad de que hasta un millón de jóvenes no pueden entrar al aula vulnera la premisa universal según la cual todos deben gozar el derecho a aprender, en un entorno pedagógico que ofrezca condiciones y provea experiencias de aprendizaje significativas.

Que sean tantos los niños y niñas que no pueden ir a la escuela aún, conspira contra la inclusión y equidad, necesarias para construir una sociedad más democrática e inclusiva, respetuosa del ser humano, y sobre todo, de la niñez y juventud históricamente en desventaja en Honduras.

Cuando sólo 31 de cada 100 jóvenes tiene la oportunidad de acceder a un centro educativo, insistimos en preguntar: ¿dónde queda entonces aquella premisa inclusiva de la educación para todos y de la concepción de la educación como un derecho?.
¿Acaso es que el concepto de inclusión no evolucionó aquí hacia el histórico compromiso de que los niños y niñas de Honduras tienen derecho a la educación, independientemente de su condición social, económica, y de sus capacidades y habilidades?

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¿En qué momento de nuestra historia dejó el estado y los gobiernos de turno de propiciar las competencias y el escenario para que todos y todas los niños y jóvenes en edad de estudiar, lograsen entrar a la escuela pública?. A las puertas del año lectivo 2023, la niñez y juventud hondureña emplaza al gobierno de turno a que pueda superar una de las peores inequidades: un millón de frustrados estudiantes se quedará fuera este año de las aulas de clases mientras la tasa de analfabetismo funcional sigue siendo significativo.

En el 2022 el número de alumnos reprobados aumentó en más de un 20 por ciento mientras los indicadores de deserción se mantuvieron en los mismos o peores parámetros en los que ha naufragado la educación pública los últimos 20 años. A muchos les siguió costando, y les seguirá costando este año, acceder a la educación básica completa, o se les hace imposible alcanzar el bachillerato o la media superior. Lo peor es que hacia adelante nada parece vaya a cambiar.

La administración de la Presidente Castro seguirá arrastrando esa deuda histórica y nada parece indicar que los compromisos de campaña electoral se puedan transformar en acciones concretas y estrategias asertivas, y menos, en políticas públicas que de una vez acaben con las conspiraciones de la que es víctima el propio pueblo hondureño. La niñez y juventud de Honduras no merecieron nunca, ni se merecen ahora, que desde el Estado mismo, con toda y su insensible institucionalidad, se les condenara a la ignorancia y la pobreza eternas.

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