Los espectáculos circenses protagonizados por miembros del Congreso Nacional han sido frecuentes en el pasado, y son de desarrollo común en el presente.

Han sido habituales las actuaciones inapropiadas o ligeras de parte de algunos diputados comisionados para conocer de asuntos sensibles y que son muy dados a tomar decisiones polémicas a las que les falta más pensamiento por estar vinculadas con temas complejos.

Traemos a este plano el embarazoso momento en que el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Fabricio Sandoval, tuvo que salir resguardado de la Secretaría de Salud, donde había llegado para reunirse con el ministro José Manuel Matheu, a tratar el borrascoso asunto de los contratos para personal de primera línea.

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La iniciativa que introdujo, con el fin de derogar el decreto que permitió otorgar plazas permanentes a colaboradores de distintas áreas de la asistencia pública, provocó la reacción enardecida de un grupo de dirigentes sindicales y gremiales contra el diputado, de quien -por ciento- se ha hecho mofa porque no pudo encarar a sus hostiles demandantes, sino que huyó acompañado de una motorizada de los colectivos de Libre que acudió a su rescate.

El penoso y, además, tumultuoso incidente al que se ha hecho alusión, tiene un mensaje de fondo: Los problemas capitales que enfrenta nuestro país precisan ser desmenuzados en sus causas y en sus consecuencias para encontrar las salidas salomónicas que corresponden, más todavía si se trata de sacar de su estado grave al aparato sanitario público.

No son menudas las dificultades que se presentan en el sector salud, a causa del reclamo de los profesionales que se han desempeñado en la primera línea durante la pandemia para que se les nombre en puestos permanentes.
Se supone que el proyecto del diputado Sandoval busca invalidar el decreto y el acuerdo ejecutivo que mandan la entrega de plazas en propiedad, a efecto de que las mismas sean ocupadas por personal prioritario y no administrativo.

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No es tan sencillo como lo supone la exclusión por decreto de un número sustancial de empleados administrativos, a quienes se les otorgó el nombramiento en las postrimerías de la pasada gestión.

Es obligatorio que el conflicto sea tratado al amparo de consensos y no al influjo de planteamientos partidistas. Es un proceso que debe llevarse puntualmente mediante una revisión detenida de cada caso.

Injustamente, las autoridades de Salud de la pasada administración se dieron a la tarea de firmar más de siete mil acuerdos de nombramiento sin la garantía de que cumplían con los requisitos de ley. Con esa acción, lo que se hizo fue distribuir privilegios por motivaciones políticas, pero se dejó por fuera a quienes hemos llamado "héroes de la pandemia" por su entrega a la atención de la urgencia epidemiológica que nos afecta desde 2020.

Si lo que ocurrió fue un despreciable saqueo en el sector salud, como se ha denunciado luego de analizar el estado en que ha sido encontrada la administración, la distribución de los recursos humanos y la asignación del presupuesto, lo que procede es una cirugía mayor en todo el sistema.

No caben, en consecuencia, decisiones apresuradas, acciones no consensuadas o espectáculos casi "circenses" de parte de ciertos actores -algunos pertenecientes al Congreso Nacional- que tienen relación directa o secundaria con el planteamiento de soluciones al caos engendrado en el moribundo sector sanitario público del país.

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