El decreto que hace viable el otorgamiento de amnistía a quienes se consideren perseguidos o aquéllos que están procesados y condenados por razones políticas ha generado una pesada atmósfera de controversia.

Está declarada una confrontación legal e ideológica entre los sectores que apadrinan que se conceda el perdón para los personajes que supuestamente han sido confrontados con la justicia por su defensa del orden institucional, y aquellos segmentos que sostienen que la amnistía es un "caldo de cultivo" de la impunidad.

El decreto aprobado por el Congreso Nacional con fines de extinguir la responsabilidad penal de las llamadas "víctimas políticas del régimen" es -sin duda alguna- objeto de una riesgosa manipulación por los núcleos políticos, tanto los que gobiernan como los que están en la llanura.

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El manejo instrumentalizado del concepto de "perdón político" nos está llevando a una polarización de la sociedad hondureña y a una crisis por la contaminación del principio de impartición de justicia que, en este caso, se ha sustituido por el de “repartición indiscriminada de cartas de libertad”.

El polémico decreto, denominado “de la impunidad” abre un amplio abanico de delitos que son eximidos en virtud de que son calificados como de génesis política, ya ha sido aplicado a ex funcionarios imputados por fraude, malversación de fondos y violación a los deberes en la administración pública.

Son varios los sujetos de figuración pública que están saliendo de las "sombras" para acogerse a las bondades de la amnistía, pese a que su responsabilidad está ligada con otras acciones punibles que no son de motivación esencialmente política.

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Tal y como lo han dejado de manifiesto amplios sectores de la población con conciencia crítica, mueve a recriminación el doble discurso pronunciado alrededor del combate a la corrupción y a la impunidad.

De un lado, se exime de culpa a presuntas víctimas de la crisis política del país, aún y cuando sobre muchos de ellos caen responsabilidades penales; de otra parte, los que han tomado la conducción de Honduras no parecen actuar en consonancia con su compromiso de luchar por la transparencia y de enfrentar la corrupción sin miramientos, devaneos o sesgos.

Lo que observamos es un desdoblamiento entre las decisiones orientadas a proteger a los "deshonestos" y los tibios mensajes relacionados con la necesidad de vencer el cáncer de la corrupción.

Porque éste ha sido y es un mal que ha echado raíces y permitido dilapidar los bienes y recursos públicos y corroer las bases de nuestro Estado de Derecho, además de despojar a la población de todas las oportunidades de desarrollo.

Los corruptos, que ahora buscan protección en la amnistía política, nos roban 3,000 millones de dólares al año, han abierto fisuras en la red institucional y provocado un mayor empobrecimiento de nuestra Honduras.

No cabe más tolerancia a tales prácticas desviadas, infames y condenables que han marcado el destino del país. ¡Decimos No al decreto de amnistía que es un caldo de cultivo de la corrupción y de la impunidad, bajo el pretexto de justicia para los perseguidos políticos!

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