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El fantasma de fijación de precios que recorre América Latina se hizo presente en Honduras la semana pasada cuando la Secretaría de Desarrollo Económico anunció establecer como medida de protección al poder adquisitivo de los hogares hondureños la fijación de precios máximos de venta para cuarenta productos de la canasta básica alimenticia, medida que tendrá vigencia de un mes.
Esta disposición fue anunciada luego de que la Dirección General de Protección al Consumidor haya “determinado” una tendencia alcista en los precios de los productos “no justificada” y amparada bajo el estado de emergencia decretado el pasado septiembre como consecuencias de las lluvias ocasionadas por fenómenos naturales que afectaron el valle de Sula y la zona occidental del país.
Sin embargo, esta acción lejos de solucionar el problema de inflación, precios y producción, lo agravará, ya que la principal herramienta para poder alcanzar el equilibrio en la economía de mercado son los precios.
En este sentido, las variaciones en el precio regulan tanto la oferta como la demanda de los bienes y servicios, ya que proveen de incentivos financieros al productor para mantener, incrementar o innovar en la producción y permiten medir cuánto quiere y cuánto está dispuesto a pagar un consumidor por un determinado bien o servicio.
La intervención del Gobierno a través de la fijación artificial del precio distorsiona esta relación generando efectos negativos sobre la economía y el bienestar social de la población.
Los efectos negativos más importantes de este tipo de acciones son: incrementos en la demanda, ya que los consumidores tendrían más incentivos para consumir; reducción de la producción porque el productor no tendría más incentivos para mantener o incrementar su producción.
Así también, escasez de productos porque la oferta sería menor que la demanda; especulación a través de acaparamiento de productos; mercados negros para cobrar precios mayores al establecido; y deterioro en la calidad del producto o servicio que adquiera el consumidor.
Al final del día, aunque las intenciones sean nobles los resultados serán nocivos para la calidad de vida de las personas y, por ende, de los hogares hondureños acentuando los problemas de pobreza y pobreza extrema, inseguridad alimentaria y producción que vive el país.
Al mismo tiempo, y a 11 meses de la toma de posición y en contra del Plan del Bicentenario, el Gobierno de la República en lugar de fomentar la producción nacional para no ser dependientes de mercado internacional, la ha desincentivado, y también a la generación de empleo, atentando contra la posibilidad de iniciar con una verdadera erradicación de la pobreza.
