Lo que sí es grave, muy grave, es la fragilidad del sistema penitenciario, colapsado por su multiplicidad de deficiencias y problemas. 

El estado de honduras se volvió inoperante y sin capacidad de respuesta doblegado frente a la bomba de tiempo que hoy y ayer son las cárceles del país. 

El hacinamiento, la mora judicial, el trasiego de armas largas y drogas, y la corrupción institucional, terminaron convirtiendo los presidios en las modernas catedrales del crimen, en las que los jefes de estructuras criminales y líderes de pandillas, protegidos por un sistema coludido, prácticamente pasaron a controlar la vida de los más de 21 mil privados de libertad en las 24 cárceles que hoy funcionan en el país.      

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La sobrepoblación, la inseguridad dentro de las mismas y las condiciones en las que sobreviven más de 21 mil privados de libertad, el 60 por ciento de ellos sin sentencia condenatoria, han terminado de deshumanizar el sistema penitenciario y la misma política criminal del estado. 

Una inaceptable realidad histórica que a través de los gobiernos, fue el resultado acumulado de la inacción burocrática, la falta de voluntad política y la carencia de políticas públicas que impidieron las reformas estructurales que el sistema ha demandado.                                                                                                                  

Y las consecuencias de esa histórica abulia institucional fueron terribles. La población hondureña ha pagado con creces sus consecuencias.  escuelas del crimen en donde encontró caldo de cultivo la extorsión, el sicariato, el tráfico de drogas, la guerra entre pandillas y el narcomenudeo.                                                                                                

Un sistema penitenciario colapsado sobre el cual perdieron la gobernabilidad los gobiernos de turno y el estado como tal. El fracaso de las libertades mismas de la colectividad, el  derecho a vivir en paz de los hondureños, y hasta de la misma población penitenciaria, que ha puesto en predicado al estado de honduras en su falta de respuestas frente a un problema estructural, mientras los demás países de la región han avanzado en la definición de sus políticas públicas.      

Mientras no hemos sido diligentes siquiera para actualizar un diagnóstico, la grave situación en la que se encuentran las cárceles del país urgen de una política pública que posibilite las reformas que el sistema demanda.                                                                                                               

Mejorar las condiciones en las que sobreviven los privados de libertad no tiene que ver necesariamente  con proporcionarles a éstos una vida o una estadía cómoda.  

Se trata de respetar sus derechos humanos y ofrecer desde una política pública, una oportunidad real de resocialización y de reinserción a la sociedad. Todo lo que se deje de hacer solo servirá para acelerar la detonación de esta bomba de tiempo que los hondureños tenemos en  las manos.

VEA: Subdesarrollo y socialismo democrático