No es minúsculo el derrumbe que ha tenido el Producto Interno Bruto de Honduras, a consecuencia de la pandemia. Y más preocupante es todavía el ritmo que sigue el crecimiento de la economía informal.

Debe llamar poderosamente la atención que siete de cada diez trabajos en el país estén en la categoría de “riesgo propio” de los emprendedores.

En apenas año y medio que llevamos desde que la contingencia epidemiológica se implantó en Honduras, la economía informal creció entre 10 y 12 por ciento.

Es un indicador que nos muestra el desbalance en que se encuentra nuestra economía y la debilidad de las finanzas, agregado al retroceso que experimenta la actividad de las grandes empresas y de los pequeños y medianos emprendimientos.

El mercado de bienes y servicios y de generación de empleo se mueve, en su gran mayoría, en la informalidad, un síntoma de patología de nuestro aparato de producción y de gran desequilibrio entre la macroeconomía y los índices sociales de nuestro país.

La economía informal representa, en sí misma, una desventaja en términos de competitividad para los negocios que existen legalmente, al mismo tiempo que arrastra perjuicios para la hacienda, en tanto y en cuanto dejan de ingresar los tributos proyectados.

Son múltiples las barreras que enfrentan los empresarios para crear fuentes de trabajo en las actuales circunstancias. Una de tales es la presión tributaria que en Honduras oscila entre el 17 y el 19 por ciento, como también lo es el estrecho margen para hacer negocios, debido a la falta de un terreno fértil de buenas prácticas y de seguridad jurídica.

Como si no fuera suficiente, se estima que, para mantener los puestos de trabajo existentes, por cada cien lempiras de salario, el empleador debe aportar 70 lempiras en jubilaciones, beneficios sociales y otros gastos.

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Los empresarios no han podido sostener en pie las fuentes de empleo, menos generar nuevas plazas. La muerte del cuarenta por ciento de las empresas como efecto de la pandemia covid-19 ha repercutido en la pérdida o suspensión de entre 800,000 y un millón de espacios laborales, una masa que se ha fugado a la economía informal con la consecuente expansión de la pobreza y todos sus males agregados.

No tienen motivos por los cuales ufanarse nuestras autoridades: Las empresas legalmente constituidas no tienen cómo reactivar sus operaciones y sus márgenes de utilidades están menguadas, pero las cargas tributarias resultan lapidarias, con el agravante que la economía informal está devorando el mercado laboral, caracterizado por la precariedad, incertidumbre, inestabilidad e inequidad.

Si no se pone en marcha una estrategia consensuada ampliamente e insertada en un proyecto de país para la reactivación económica, alivio social y desarrollo integral, seguiremos avanzando, a paso raudo, hacia una Honduras inviable.

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