Ha transcurrido una semana desde la toma de posesión del nuevo Gobierno en Honduras. Ha sido una semana de protestas, reclamos y confrontaciones entre diferentes sectores políticos y sociales; todos reclamando derechos, cumplimiento de leyes, legitimidad y deudas del pasado.

Después de decadas de polarización ideológica, de abuso y confrontación, de abandono de los valores éticos y descalificación, parece que el único camino viable es la presión, la fuerza, el insulto y la amenaza de quienes reclaman una victoria en sí misma y quieren ganar el pleito a toda costa, aunque ya no recuerden por qué peleaban.

La realidad es que hay otros caminos disponibles y mucho más efectivos, como la negociación, el acuerdo y el consenso.

Para encontrar esos caminos y avanzar por ellos, primero hay que clarificar cuáles son los objetivos que perseguimos, adónde queremos llegar como país y sociedad, para luego dejar los apasionamientos y distinguir entre lo legal, lo correcto y lo posible.

Lo legal no es siempre lo correcto. A través de la historia hemos visto verdaderas aberraciones construidas y amparadas en la legalidad. Ese fue el caso de la Santa Inquisición, una institución que, como resultado de la unión entre los poderes monárquicos y religiosos, que durante la época medieval torturaron y asesinaron a miles de personas por el solo hecho de diferir en ideas y concepciones, acusándolos de herejes o endemoniados.

Qué decir del Holocausto, un genocidio sin precedentes para el que se creó un conjunto de leyes antisemitas entre 1933 y 1939. Dichas leyes propiciaron las condiciones y otorgaron el “derecho” a los alemanes para segregar a los judíos, privarlos de sus trabajos, la educación, sus bienes y su propia vida. Décadas después de esos terribles sucesos, los criminales se defendían en cortes alegando que cumplían la ley.

El Esclavismo fue otra aberración sustentada en la legalidad. En diferentes culturas, imperios y momentos históricos, han existido leyes que permitieron a ser un humano reducir a otro a la categoría de posesión, de objeto, adueñándose de su vida, su fuerza y su trabajo.

Estos (y muchos otros) son ejemplos de leyes que fueron propuestas y establecidas por hombres que buscaban su interés y que usaron el poder para obtener beneficios a expensas del bien común.

Luego está la diferencia entre lo legal y lo posible. Por años he trabajado como consultora y, en ese ámbito, he conocido situaciones en las que se exige y espera cosas por el hecho de que están en una ley, aunque todo indicio racional indique que tal cosa no es posible.

En muchas ocasiones he escuchado a hombres y mujeres de diferentes posiciones y roles, defender que algo debe cumplirse porque es legal, porque hay un contrato colectivo, un artículo aprobado, un estatuto o una política que lo establece; aunque, al plantearse algunas preguntas, ellos mismos reconocen que tal cosa es imposible. Irónicamente, aún con esa conclusión, arremeten nuevamente y dicen: “Me lo deben cumplir porque es ley”.

Percibo que en esa misma posición están los grupos que reclaman que, en la primera semana en su cargo, los ministros resuelvan problemas que llevan años complicados o estancados, pero “eso no es posible, y si alguien encontrara la forma de hacerlo, seguramente no sería lo correcto”.

Ninguna de las nuevas autoridades tiene superpoderes para conocer a profundidad, en unas pocas horas, la situación total del sector que les corresponde gestionar; mucho menos para resolver toda la conflictividad, carencias y vacíos en los sistemas, estructuras y personas de esos sectores.

Cada hondureño tiene la resposabilidad de asumir una posición respecto a los hechos políticos y sociales de nuestro país. Debemos demandar de funcionarios, políticos y empleados públicos, una conducta que responda a los intereses del país y nos impulse a crecer y prosperar con justicia y equidad.

A todos los que hoy reclaman en las calles, en las instituciones públicas y en los grupos gremiales que se les cumpla la ley; a quienes exigen la aplicación de un artículo u otro, y todos los que debemos marcar una posición personal al respecto, les invito a preguntarnos:

¿Esa ley en la que se amparan es algo correcto para Honduras y sus ciudadanos?, ¿es posible, en las condiciones económicas y sociales del país, obtener esa respuesta o solución que exigen de forma inmediata?

Si la respuesta a estas preguntas es «no», entonces debemos repensar las cosas y enfocar el objetivo: el bien de Honduras y los hondureños.

Con eso en mente, procuremos encontrar lo correcto y lo posible para unir nuestras fuerzas y construir juntos la Honduras que deseamos.