Las negociaciones entre la administración Castro y las Naciones Unidas para la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH) están en un punto crítico, y ambas partes deberán mostrar flexibilidad y compromiso para evitar que éstas se empantanen. 

El Gobierno ha aceptado la gran mayoría de los puntos contenidos en un memorando propuesto por la ONU en julio, que detallan el proceso de evaluación previa y la necesidad de realizar ciertas reformas para abrir el camino a la llegada de la comisión. 

Sin embargo, en su contrapropuesta enviada el mes pasado, hay dos solicitudes sustanciales: que el papel de la CICIH se limite a apoyar al Ministerio Público y por ende no lleve casos de corrupción a las cortes de manera independiente, y que el personal de la comisión sea nombrado exclusivamente por el Estado hondureño. 

Para algunos funcionarios de la ONU, estas limitaciones podrían comprometer la credibilidad y eficacia de la comisión. Hacen bien las partes involucradas en CICIH en aplicar las lecciones aprendidas de otras experiencias similares en el país y en la región. 

La CICIG en Guatemala es indudablemente la referencia más relevante, ya que tuvo la facultad de investigar y desmantelar decenas de organizaciones criminales enquistadas en el Estado, reduciendo considerablemente los índices de impunidad en ese país.

Pero algunos de estos entes investigadores se han estrellado con la realidad política, cuando han perdido el apoyo del Gobierno de turno por abrir casos contra personas cercanas al poder.

Ese fue el caso de la CICIG, que fue acabada de manera unilateral por el Gobierno después de que empezara a investigar al expresidente Jimmy Morales y su entorno familiar. 

Suertes similares tuvieron las comisiones en Honduras y El Salvador cuando se enfocaron en casos de corrupción del ejecutivo o del partido de Gobierno. Sería ciertamente recomendable que el Gobierno accediera a que la comisión no sirviera de simple apoyo técnico a las instituciones nacionales, sino fuera un organismo realmente independiente y con dientes. 

La ONU, por su parte, debería tomar en cuenta las consideraciones del Gobierno. Las dos partes podrían, por ejemplo, acordar que el nombramiento de los altos oficiales de la comisión sea el resultado de una consulta, en vez de una decisión unilateral.

Además, podrían establecer reglas claras para la selección de los casos, para limitar una posible excesiva discrecionalidad de la comisión en la persecución de casos menores o con cierto tesón hacia algún sector en particular. 

La Asamblea General de la ONU, que se reúne en Nueva York esta semana, ofrece la oportunidad de conseguir apoyo de la comunidad internacional a la CICIH e impulsar la búsqueda de consenso entre el Gobierno de Honduras y la Secretaría General de la ONU, y debería ser aprovechada.

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